Fernanda Durán
El Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (SAUASLP) obtuvo una nueva demanda de emplazamiento a huelga el 1 de agosto, esto en caso de no conciliar el pago de prestaciones en cumplimiento al contrato colectivo de más de mil 300 trabajadores de intendencia y administrativos de la Universidad.
Tras recibir el amparo dictado por el Juzgado Tercero de Distrito, el tribunal laboral admitió este martes 3 de julio la demanda a emplazamiento a huelga con la cual se convoca el próximo 14 de julio a una audiencia de conciliación con la UASLP a fin de obtener el pago de tres días de salario base por el concepto de Previsión Social, así como un vale adicional de 200 pesos.
De acuerdo con Gerardo Rivera Müller, secretario general del Sindicato, se trata de una convenio incluido en la minuta de revisión del contrato colectivo firmado con el exrector Fermín Villar Rubio.
“Queda en un convenio, donde el convenio, al formar parte de la minuta de la revisión contractual, forma parte del contrato. Nada más se nos paga un año y al siguiente año tenemos una revisión salarial y ahí es dónde se nos desconoce que no ratificamos dicho convenio y en ninguna parte dice que tengamos que ratificar el convenio”.
Los representantes del sindicato señalaron que la prestación debía pagarse de forma anual, por lo que exigirán el pago de un acumulado de nueve días para cada trabajador, es decir, alrededor de 7.5 millones de pesos, pues aseguran que dejaron de percibir el pago desde hace tres años.
Elvira Bravo, apoderada legal del Sindicato, afirmó que el tribunal laboral se negaba a recibir la demanda por supuesta falta de documentación, a pesar de que existían otros cinco expedientes por parte del SAUASLP ante el tribunal.
“Aquí es importante ver la dificultad que tienen todos los trabajadores, o cuando menos este sindicato, para lograr el acceso a la justicia”.
Sin embargo, luego de diversos amparos, consiguieron que el juez tercero de distrito, José de Jesús Rosales, ordenara al tribunal que investigue y reúna los datos requeridos para dar paso a la demanda.
“Porque los jueces saben perfectamente que existen registros, inclusive agregamos la constancia de legitimación del contrato colectivo y no era suficiente, desde un inicio se agregó y al final con eso el juez de distrito bajó multas y apercibimientos de estas situaciones, los obligó a que se admitiera la demanda”, detalló.
