Texto y fotografías por Fernanda Durán
El Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (SAUASLP) llevó a cabo una marcha pacífica con el fin de ejercer presión para conciliar con la máxima casa de estudios el pago de prestaciones en cumplimiento al contrato colectivo de más de mil 300 trabajadores de intendencia y administrativos, un total equivalente a 7.5 millones de pesos aproximadamente.
La marcha comenzó en las inmediaciones de Zona Universitaria Poniente con carteles que reclamaban la ausencia del rector Alejandro Zermeño Guerra, exigían el pago de tres días de salario base correspondientes a una prestación acordada a través de un convenio y reprochaban el actuar de los abogados de la Universidad, Joel González de Anda y Roberto Durán.
El recorrido culminó en la Plaza de los Fundadores, frente al Edificio Central; tras una hora y media de recorrido decidieron ingresar al edificio, pues esperaban que ante el anuncio de la manifestación serían recibidos por alguna autoridad educativa.
Mientras estuvieron a las afueras de la oficina de Rectoría, el secretario general del sindicato Gerardo Rivera Müller aseguró que su propósito de ser escuchados se estaba logrando, aunque no fueron atendidos.
“Vamos a luchar hasta donde sea, pero todo depende de ustedes y todo depende de la unión, olvídense de colores, olvídense del apellido Müller, olvídense del comité o de cualquier contendiente. Habrá quienes están deseando que esto fracase cuando es un beneficio para ellos también”, manifestó.
Refirió que hay un emplazamiento a huelga para el próximo 11 de agosto, que el gremio decidirá si se realiza o no, en la que prevén que participen alrededor de 25 mil personas, pero hasta entonces sino obtienen respuesta de la UASLP advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias.
Además, otro de los objetivos a futuro es que la prestación que requieren los trabajadores se logre agregar al contrato colectivo y no tenerlo en un convenio firmado en 2020 con el exrector Fermín Villar.
En cuanto a las recientes peticiones de que interviniera el Poder Ejecutivo, Rivera Müller indicó que únicamente pide que el gobernador sea intermediario.
Por su parte, a través de un comunicado, el rector Zermeño Guerra enfatizó en que se trata de un apoyo extraordinario de única ocasión, no obstante, afirmó que la máxima casa de estudios se compromete a respetar las decisiones que los tribunales determinen y acatarán cualquier fallo que establezca la viabilidad o no de convertir este apoyo en una prestación subsecuente.
“Para asegurar la legalidad y transparencia de sus acciones, las autoridades universitarias han alentado al Sindicato Administrativo a recurrir a un tribunal para mediar y resolver la situación. En caso de que el tribunal determine que la prestación debe ser otorgada de forma subsecuente, la UASLP estará respaldada por esta decisión, lo que evitará posibles consecuencias legales y permitirá cumplir con sus responsabilidades fiscales y financieras”.
