Por Victoriano Martínez
La Auditoría Superior del Estado no verificó si durante 2018 las 58 contralorías municipales realizaron verificaciones de evolución del patrimonio de los ex alcaldes y funcionarios salientes porque se trata de una obligación que tienen pero que aún no es exigible porque el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción no ha emitido lineamientos para ese fin.
En respuesta a una solicitud de información del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), la ASE explicó que tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas como la de Responsabilidades para el Estado y Municipios, vigentes desde el 19 de julio de 2017, las contralorías internas de los entes públicos están facultadas para realizar verificaciones de evolución patrimonial como parte de las medidas para combatir hechos de corrupción.
“Se estableció en el artículo Tercero Transitorio que el cumplimiento de las obligaciones previstas en dicha Ley, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con la ley de Ia materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de competencia”, señaló la ASE.
El FCA requirió a la ASE copias de los pliegos de observaciones sobre el cumplimiento de esa facultad de las contralorías de los 58 municipios, así como la relación de aquellos ayuntamientos que le hubieran requerido información adicional para llevar a cabo esa tarea.
“Se informa que no existen pliegos de observaciones, cédulas de verificación, hojas de trabajo o documento análogo, en el que consten las acciones de verificación sobre el cumplimiento de dichas observaciones respecto de los 58 ayuntamientos y el Poder Legislativo”, señaló en su respuesta antes de dar paso a la explicación sobre lo previsto por el artículo tercero transitorio.
Menciona además que el artículo 113 de la Constitución local faculta al Comité Coordinador, que a casi tres años de su creación legal no ha sido instalado, para diseñar y promocionar políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
La ASE explicó en su respuesta que para esos fines el Comité Coordinador debe establecer una Plataforma Digital Estatal que, entre varios, contempla un Sistema Estatal de Evolución Patrimonial, “sin que a la fecha, se encuentra implementado y funcionando”, lo que es condición previa para el cumplimiento de las obligaciones de las Contralorías Internas.
El FCA solicitó esa información desde el pasado 30 de octubre. Ante la falta de repuesta presentó el 5 de diciembre un recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, la que la admitió hasta el pasado mes de febrero, por lo que la ASE proporcionó la información para incorporarla a su informe justificado con motivo del recurso que a la fecha aún no resuelve la CEGAIP.
