Por Victoriano Martínez
De los cuatro meses que quedaban para que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) ejerciera los seis millones de pesos de presupuesto que se le asignaron… ya nomás le quedan tres.
De todo el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico del SESEA, es quien mayor desesperación muestra, al grado que ha convocado a una segunda sesión del órgano de gobierno, a pesar de que a quien la ley faculta para hacerlo es al presidente de esa instancia.
Ismael Leyva Nava es reconocido por el Comité de Participación Ciudadana del SEA como su presidente y, en consecuencia, también es quien preside el órgano de gobierno.
La presidencia del órgano de gobierno recae en el presidente del CPC, esto es, en Leyva Nava, quien el pasado 8 de septiembre fue el único que votó en contra de la propuesta de presupuesto presentada por Rodríguez López, por considerar que previó sueldos excesivos y gastos poco enfocados a los fines del SEA.
Más aún, Leyva Nava junto con dos integrantes más del CPC, en sesión formal del comité del 11 de septiembre, acordaron pedir a la Secretaría de Finanzas que “se abstenga de liberar los recursos relativos al funcionamiento del SEA, hasta en tanto no se apruebe por el órgano de gobierno el presupuesto particularizado en sus precisos términos”.
Previo a esa sesión, el 5 de septiembre, habían acordado con Rodríguez López la revisión del presupuesto para los últimos cuatro meses del año. No obstante, el secretario técnico lo mantuvo en el orden del día de la sesión del órgano de gobierno del 8 de septiembre, con lo que ignoró por completo al CPC.
La convocatoria comunicada el pasado miércoles por el secretario técnico vuelve a ignorar al CPC, específicamente a su presidente, y aunque convoca “en concordancia al calendario aprobado en la 1ª reunión”, lo fundamenta en el artículo 30 de la Ley del SEA que establece que quien debe convocar es el presidente del órgano de gobierno.
El mismo día, en un oficio enviado la Comisión de Selección del SEA, cuestionó sobre la vigencia del nombramiento de Leyva Nava, en una clara revelación de que –si en los hechos ya lo desconoce como presidente– pretende contar con un aval y una desconocimiento formal.
El sentido común señala que si la Comisión de Selección tuviera prevista la conclusión del nombramiento de Leyva Nava para el 20 de septiembre, según la interpretación de Rodríguez López, desde hace dos meses ya habría previsto una convocatoria para cubrir la que habría sido una vacante en puerta… a menos que la intención sea mantener siempre incompleto al SEA.
Dos puntos del orden del día de la sesión convocada por Rodríguez López revean los puntos de su urgencia: “exposición de propuestas de presupuesto de la secretaría ejecutiva” y “propuesta de nombramientos de los servidores públicos de la secretaria ejecutiva”. A decir de integrantes del CPC, la urgencia de incorporar a sus cuates a la burocracia anticorrupción.
Si desde enero de 2018, cuando se nombró a un Fiscal Anticorrupción a modo (aunque después se sintió incómodo), organizaciones de la sociedad civil advirtieron que de esa manera el SEA nacía muerto, con esta serie de desencuentros el sistema se mantiene en un acelerado proceso de descomposición… que en los próximos tres meses podría costar seis millones de pesos.
Desencuentros no sólo tolerados sino también alentados por distintos operadores del gobernador Juan Manuel Carreras López, para aparentar luchar contra la corrupción y la impunidad, cuando la realidad es que la solapan con tal grado de complicidad, que ya tejen redes que los protejan por todo el sexenio… y más allá.
