Por Victoriano Martínez
No es novedad que el sistema de procuración de justicia excepcionalmente atiende a su razón de ser y, en gran medida, está convertido en una estructura al servicio de intereses ajenos que poco tienen que ver incluso con el combate a la corrupción, lo que lo convierte fácilmente en un instrumento de simulación.
Se trata pues de un sistema plagado de injusticias en el que el caso del doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, por ser ex secretario de Salud estatal y haberlo sido iniciado como una de las acciones de un presunto combate a la corrupción del presente sexenio, que derivó en un burdo justicierismo recaudatorio, exhibe el alcance que debe tener la revisión al sistema de justicia.
El caso cuenta con todos los elementos para representar un ejemplo de lo que padecen quienes son víctimas de la telaraña de intereses que entran en juego cuando un proceso presuntamente para hacer justicia no es más que una simulación que puede llegar incluso a atender objetivos propagandísticos, sin importar que un inocente se vuelva justiciable.
Independientemente de la condición de inocentes o culpables, en los casos de otros dos ex secretarios del sexenio pasado, Mónica Rangel Martínez y Jaime Pineda Arteaga, a quienes se señaló por desvíos multimillonarios, el justicierismo gallardista sólo alcanzó para que se declararan culpables y una reparación del daño muy por debajo de lo señalado públicamente.
A todas luces, es claro que Lutzow Steiner no ha cedido al esquema de declararse culpable y cumplir con la cuota que el justicierismo recaudatorio le haya querido imponer.
En lugar de eso, en los 26 meses que lleva preso y que ha dado seguimiento al proceso penal que se le sigue ha podido documentar la forma grave en la que se han violentado sus derechos humanos y cómo se le tiene recluido con base en mentiras y pruebas falsas… y la confabulación entre la Fiscalía General del Estado y parte del Poder Judicial estatal.
“La Fiscalía General del Estado ha contado con el acompañamiento de una parte del sistema judicial del estado (jueces y magistrados parciales), que sin autonomía ni independencia actúan a favor de intereses oscuros, alejados de los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, que debería regir la impartición de justicia.
“Como yo, aquí hay cientos de personas presas, inocentes, víctimas del sistema judicial, que retrasa todo para desgastar y quebrar física, emocional y económicamente a las personas y sus familias”, describió Lutzow Steiner en un par de escritos que piden la intervención de la Presidencia de la República en su caso.
El ex titular de la Secretaría de Salud entregó una primera carta a la Presidencia el pasado 13 de marzo y, ahora, una segunda este martes 30 de julio ante la inminencia del inicio del juicio oral en su contra.
En la segunda misiva pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que el juicio oral “se realice de una forma justa, expedita y conforme a derecho, sin dilaciones en los tiempos y sin afectar de manera directa mi persona y mi entorno familiar”.
Un caso que resulta ilustrativo de las fallas en el Poder Judicial del Estado justo cuando se encuentra en curso el proceso de consulta para una reforma judicial en el país que en algún momento tendrá que alcanzar a los sistemas de justicia de los estados.
Una serie de fallas y maniobras que exhiben que no sólo se trata de un problema originado en el Poder Judicial, sino que se da acompañado de una confabulación del órgano ejecutivo, presuntamente autónomo, de procuración de justicia, la FGE.
Lutzow Steiner acusa, porque lo tiene documentado, el incumplimiento de los principios de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo de las instancias procuradoras de justicia y las juzgadoras, pero no como algo exclusivo y particular, sino que se reproduce de forma grave: “aquí hay cientos de personas presas, inocentes, víctimas del sistema judicial”.
En su caso particular, Lutzow Steiner padece adicionalmente la exhibición de su caso como parte de acciones de un gobernador que se presenta como justiciero, pero que en los hechos ni busca justicia ni combate la corrupción, sino que sólo busca promoverse y hacerse propaganda… para encubrir su propia corrupción.
Para el caso de San Luis Potosí, el sistema estatal de justicia no sólo requiere ser reformado legalmente, sino que requiere medidas adicionales para que la justicia no se pervierta como lo ha hecho Gallardo Cardona… muy en sentido opuesto a lo que argumenta promover la Cuarta Transformación y su propuesta de reforma judicial.
