Por Victoriano Martínez
La persistente opacidad en la realización de obras durante el primer año del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona no sólo muestra un incumplimiento de la Ley de Transparencia, sino que también exhibe que los compromisos para el combate a la corrupción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 son letra muerta.
Y es que, adicionalmente, esa opacidad repercute en la violación a otra ley, la del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que durante todo el sexenio de Juan Manuel Carreras López fue la mascarada de la mayor simulación que benefició al grupo político del actual gobernador y, aun ahora, mantiene espacios de sospecha sobre la existencia de pactos de impunidad.
Una mascarada de la que, uno de sus primeros documentos generados como avance concreto –la Política Estatal Anticorrupción–, Gallardo Cardona echó mano para aparentar su compromiso con el combate a la corrupción, cuando los hechos muestran que le da continuidad a la simulación carrerista.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción contempla en su artículo 50 seis sistemas de información (identificados como módulos) en la Plataforma Digital Estatal (PDE) del SEA. A la fecha, se han habilitado tres, pero en ninguno de ellos se encuentra la información completa.
La PDE inició operaciones el 10 de junio de 2021 con un primer sistema de información: el de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (artículo 50, fracción I), con la meta de publicar las 3de3 de más de 87 mil servidores públicos.
A más de 16 meses de funcionamiento, el primer módulo exhibe la titánica tarea de la Secretaría Ejecutiva del SEA (SESEA) ante la poca voluntad de las autoridades por transparentar sus declaraciones 3de3.
De acuerdo con el sitio Web de la SESEA, se han dado de alta en ese módulo 57 de los 58 municipios, seis de los siete organismos autónomos y sólo uno de los tres poderes (el Legislativo). Un municipio, un organismo autónomo y los poderes Ejecutivo y Judicial han optado por la opacidad.
En cuanto al número de declaraciones publicadas a la fecha hay discrepancia entre lo que reporta la SESEA y lo que se puede consultar en la Plataforma: el primero reporta 32 mil 849 declaraciones 3de3 publicadas en tanto que en las estadísticas de la PDE se contabilizan 21 mil 238 como posibles de consultar. En ambos casos, la cifra está muy lejos de las que deberían estar publicadas (87 mil).
Un incumplimiento de la Ley de SEA en el que persiste el Ejecutivo estatal a pesar de que en el Plan Estatal de Desarrollo establece cuando menos cinco líneas de acción que tendrían que reflejarse en esos actos de transparencia:
“Fortalecer el papel y funciones del Sistema Estatal Anticorrupción en los procesos de diálogo y comunicación, para generar una convergencia de intereses entre los actores gubernamentales y la ciudadanía.
“Consolidar y fortalecer la gestión institucional a través de las mejores prácticas en sistemas de información.
“Fortalecer los procesos de contraloría social.
“Impulsar las políticas de innovación gubernamental y datos abiertos.
“Establecer mecanismos de difusión de la vigilancia social como instrumento fiscalizador realizado por la sociedad.”
Hace unas semanas, la SESEA activó dos módulos más del PED: el de Servidores que Intervienen en los Procesos de Contratación y el de Servidores Públicos y Privados Sancionados. Al primero sólo se han adherido 31 de los 58 ayuntamientos, dos de los siete organismos autónomos y uno de los tres poderes. En el segundo aún no existe movimiento.
Incumplir con la publicación de la relación de los servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación representa el complemento más efectivo para mantener en la opacidad toda la información relacionada con las obras que se han realizado en el último año.
Aunque la SESEA reporta 34 entidades adheridas a ese módulo, en la PDE sólo aparecen 117 servidores públicos de 13 dependencias: la Auditoría Superior del Estado, el CEEPAC, la CEGAIP, la CEDH, el DIF de Ciudad Fernández, los organismos de agua de Ciudad Fernández y Tamazunchale, los ayuntamientos de Rayón, Rioverde, Cárdenas, Tampamolón y Lagunillas y la propia SESEA.
Entre los argumentos que justificaron las líneas de acción que han demostrado no tener voluntad de cumplir, en el Plan Estatal de Desarrollo señalan que “se denota una ciudadanía ausente, no del reconocimiento del problema, sino dentro del proceso de solución”.
Y agregan: “Urge socializar y difundir las acciones, de manera que la sociedad potosina se sume al combate de estas prácticas anómalas, para legitimar el impacto de la política estatal anticorrupción” (página 120).
Transcurrida la sexta parte del sexenio, los hechos avanzan totalmente en sentido contrario.
