Por Victoriano Martínez
En un sexenio en el que reina la opacidad con un organismo garante de la transparencia encubridor de las violaciones a la ley de la materia no resulta extraño que otro ente, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), pase inadvertido para la sociedad con acciones que, quizá cuando el afán propagandístico gubernamental lo considere, se les dé difusión.
Así ocurrió con el trabajo iniciado desde el sexenio pasado por el Secretariado Ejecutivo del SEA (SESEA) que concluyó con la presentación de la Política Estatal Anticorrupción que se adjudicó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como “Plan de la Política Estatal Anticorrupción” en un acto propagandístico el 25 de febrero de 2022.
La única acción del mandatario en la aplicación políticas anticorrupción durante su gestión se limitó a aquel acto cargado de parafernalia de promoción personal, porque desde entonces no se ha visto que haya adoptado una sola de las acciones previstas en el documento, entre las que evita adherirse a la Plataforma Digital Estatal (PDE)del SEA.
A la fecha, el Poder Ejecutivo Estatal es el único ente de los 99 que deben estar incorporados al “Sistema 1 -Declaraciones Patrimoniales y de Intereses” de la PDE que se ha negado a incorporarse, con lo que evita la publicación de esos documentos tanto personales como de todos los servidores públicos del gobierno estatal.
El otro de los tres sistemas a los que no se ha incorporado el Ejecutivo es el “3 – Servidores Públicos y Particulares Sancionados”. ¿Será acaso porque ahí tendría que aparecer el propio Gallardo Cardona por la sanción que se le aplicó como diputado federal por violar la Constitución al incurrir en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos?
Si se consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia el apartado correspondiente a la fracción XVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados correspondiente al 2021, ahí permanece el registro de la amonestación pública que se le hizo por aquella violación constitucional.
Una postura en la que coinciden su nula convicción sobre un combate real a la corrupción con su alta vocación por la opacidad sobre la que poco se puede esperar que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) que, tras su renovación, sólo ha exhibido su escasa comprensión sobre lo que representa hacer públicos sus actos.
Tan solo en el mes de agosto, en tres ocasiones (5, 7 y 19) la CEGAIP ha publicado tuits en los que se limitan a informar que sesionaron y el comisionado y las comisionadas “resolvieron recursos de revisión, en obligaciones sustantivas en materia de transparencia”, como si fuera suficiente y resultaran irrelevantes los temas tratados y el sentido de las resoluciones.
Así, con una CEGAIP que confirma su nula utilidad para garantizar el derecho de acceso a la información pública, Gallardo Cardona tiene libre el camino para que las acciones anticorrupción del SEA sean poco menos que testimoniales y queden en el ámbito de las reuniones de su Comité Coordinador y en el sitio web del SESEA y la PDE.
El pasado martes 20 de agosto, el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del SEA se reunieron y aprobaron dos documentos que, según señalaron, resultan cruciales para avanzar en la prevención y combate a la corrupción con acciones concretas.
“Aprobamos el Decálogo de Derechos y Obligaciones de las Personas Ciudadanas en la solicitud de servicios públicos a nivel estatal y municipal, garantizando que cada potosino esté protegido contra actos corruptos y tenga claro su papel en este esfuerzo conjunto.
“Además, se aprobaron los Lineamientos para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción, asegurando que nuestras acciones sean efectivas y se mantengan en constante mejora”, informaron vía Facebook.
En los próximos días, ambos documentos habrán de ser publicados en el Periódico Oficial del Estado. Lo más probable es que pasen inadvertidos porque seguramente no dan para que el gobierno de Gallardo Cardona haga alarde para aparentar mucha convicción anticorrupción.
Difícilmente los retomará para presumirlos como propios porque el Decálogo enumera los derechos del ciudadano que no atiende; y los Lineamientos, porque establecen el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Política Estatal Anticorrupción, que sólo le sirvió en febrero de 2022.
Decálogo de derechos y obligaciones que tienen las personas ciudadanas en la solicitud de servicios públicos a nivel estatal y municipal
Derechos de las personas ciudadanas
- Derecho a la igualdad y no discriminación
- Derecho a la información clara y accesible
- Derecho a la atención digna y respetuosa
- Derecho a la participación ciudadana
- Derecho a la confidencialidad y protección de datos
- Derecho a la accesibilidad universal:
- Derecho a la transparencia y rendición de cuentas
- Derecho a la equidad de género
- Derecho a la asesoría y apoyo
- Derecho a un servicio eficiente y de calidad
Obligaciones de las personas ciudadanas
- Obligación de proporcionar información veraz
- Obligación de cumplir con los requisitos
- Obligación de tratar con respeto al personal
- Obligación de participar responsable y constructivamente
- Obligación de utilizar correctamente los servicios
- Obligación de respetar la diversidad cultural
- Obligación de reportar irregularidades
- Obligación de colaborar con las evaluaciones
- Obligación de contribuir al mantenimiento de instalaciones
- Obligación de respetar la normativa vigente
