Por Victoriano Martínez
A cinco días de que concluya el sexenio, Juan Manuel Carreras López está a punto de celebrar que cumplió uno de sus mayores objetivos como gobernador: el combate a la corrupción… ¡como su mayor acto de simulación!
Cuando su administración pudo distinguirse como la que colocó las bases para acabar con la impunidad en los malos manejos y desvíos de los recursos públicos, creó un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sobre el que, desde que se aprobó la ley y las reformas legales que le dieron vida jurídica, inició una estrategia de saboteo que, hasta hoy, sigue sin completarse su integración.
El primer Comité de Participación Ciudadana (CPC), con cinco representantes de la sociedad de las cuatro regiones del Estado como numerarios y cinco como supernumerarios, se nombró por una Comisión de Selección previamente integrada por el Congreso del Estado con cinco ciudadanos a quienes no se les otorgó ningún apoyo y acompañamiento. Primer acto de sabotaje.
Tan abandonado estuvo por parte de la autoridad ese proceso que, en la toma de protesta del primer PCP, sólo asistieron ocho de los diez que los integrarían, cuatro de los cinco que los seleccionaron y una decena de familiares de los participantes, en un salón del Colegio de Contadores. El desinterés por hacer funcionar el SEA quedó claramente expuesto desde entonces.
Comenzó incompleto y sigue incompleto.
Aunque rindieron protesta el 31 de octubre de 2017, los intentos por integrar los demás órganos del SEA fueron boicoteados desde el Ejecutivo a través de los representantes de las seis instituciones que forman, junto con el CPC, el órgano de gobierno.
Gabriel Rosillo Izquierdo, entonces contralor estatal, fue el encargado de materializar el boicot por la vía de cuestionar la validez del nombramiento del CPC porque sus éstos no habían sido publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE). Una omisión del ejecutivo que acreditó un acto más del sabotaje.
Finalmente el nombramiento fue publicado el 6 de julio de 2018 con una serie de errores: reportó la protesta de los integrantes con una fecha distinta e incluyó en el acto a personas que ya habían renunciado al nombramiento, una de ellas que incluso ya había fallecido.
El retraso en la publicación en el POE fue uno más de los actos que no han cesado en todo el sexenio para la obstrucción disimulada al funcionamiento del SEA y cuyas repercusiones provocar que hoy el CPC siga incompleto, luego de que entre el pasado 9 de febrero y el 11 de agosto contó con seis integrantes numerarios, a pesar de que por ley deben ser cinco.
El 12 de noviembre de 2020, un juez otorgó una suspensión de amparo a Ismael Leyva Nava, quien había sido desconocido como integrante del CPC por considerar que su nombramiento, por tres años, corrió del 20 de septiembre de 2017 al 20 de septiembre de 2020. Leyva Nava argumento que de acuerdo con la publicación del POE su periodo terminaba el seis de julio de este año.
A pesar de la suspensión que mantuvo a Leyva Nava como integrante y presidente del CPC, la Comisión de Selección convocó para elegir a su sustituto. De ese proceso surgió el nombramiento de Rita Angélica Zárate Madrid, publicado en el POE el 9 de febrero, con lo que el Comité contó a partir de ese día con seis integrantes en lugar de cinco.
El 11 de agosto, el juez federal negó el amparo a Leyva Nava, con lo que validó que el periodo de su nombramiento corrió a partir del 20 de septiembre de 2017, hecho que deja la presidencia del CPC en el siguiente en la lista de los nombramientos de aquella fecha: Jesús Sierra Acuña, quien tendría que haber sido el presidente del 20 de septiembre de 2020 al 20 de septiembre de este año.
El litigio y la interpretación dispar provocada por la dilación y los errores en la publicación en el POE de los nombramientos originales provocó que este lunes 20 de septiembre, sin que haya ocupado la presidencia del CPC, Sierra Acuña haya dejado de ser integrante del comité sin haber ocupado la presidencia, como le correspondía.
Leyva Nava dejó de ser integrante el pasado 11 de agosto como efecto de la negativa de amparo, en tanto que Sierra Acuña, conforme a ese criterio, dejó de serlo este lunes. De los seis integrantes que tuvo el CPC, ahora ya sólo quedan cuatro: Efraín Arriola Ortiz, Laura Moreno Martínez, Juan Ramón Infante Guerrero y Rita Angélica Zárate Madrid. Vuelve a quedar incompleto.
Arriola Ortiz, de acuerdo con la prelación dispuesta a le Ley del SEA, asumiría la presidencia a partir de este lunes.
El 28 de agosto de 2018, Arriola Ortiz se proclamó presidente del CPC en el primer intento de instalación del Comité Coordinador del SEA, con el apoyo de tres de sus otros cuatro compañeros. Aquella frustrada instalación se tradujo en uno de tantos actos de sabotaje al sistema anticorrupción.
Al día siguiente, Arriola Ortiz posó con Carreras López, quien avaló (¿o reveló su autoría?) la irregularidad.
A cinco días de concluir su sexenio, con la gran mascarada que armó con el Sistema Estatal Anticorrupción, Carreras López ya puede festejar que logró transitar su periodo como gobernador con la falsa bandera de su lucha contra la impunidad como estafeta que entregará a su sucesor, quien se cuenta entre los beneficiarios de su simulación, con la esperanza de que la pague igual.
