Por Victoriano Martínez
Si se quisiera identificar alguna acción contra actos de corrupción por parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), desde su creación en julio de 2017, tendría que hacerse una revisión de la larga lista de señalamientos que se han realizado entre los integrantes de todos los órganos que lo componen, al grado de que ya llegaron a las denuncias penales.
El llamado que hace el Comité de Participación Ciudadana (CPC) a una inmediata intervención del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior (ASE) para que investiguen el proceder del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA (SESEA) y el manejo que le da a los recursos públicos para combatir la corrupción muestra que el SEA no termina de integrarse y ya está infectado del mal que debe atacar.
La confrontación más reciente ha sido protagonizada por los integrantes del CPC, representados por su presidente, José Ismael Leyva Nava, y el secretario técnico del SESEA, Jesús Rafael Rodríguez López.
El tema por el que las diferencias llegaron, primero a los juzgados federales y recientemente a una denuncia penal de Leyva Nava en contra de Rodríguez López, arrancó el pasado mes de septiembre, cuando los integrantes del CPC reclamaron ejercer su facultad para proponer la forma de ejercer el presupuesto para el SEA, y el secretario técnico prácticamente impuso su propuesta.
Para que avanzara su propuesta de presupuesto, Rodríguez López contó con el aval de los seis representantes del sector gubernamental en el Órgano de Gobierno del SEA (OGSEA), pero además –con ese apoyo– recurrió a desconocer a Leyva Nava como presidente del CPC y en consecuencia del OGSEA, por el desfase entre su nombramiento y la publicación del mismo en el Periódico Oficial.
La Comisión de Selección del SEA no sólo avaló por escrito la opinión de que el periodo como integrante del CPC de Leyva Nava había concluido en septiembre, sino que convocó a una procedimiento para seleccionar a su sustituto.
Leyva Nava promovió un juicio de amparo por considerar que su periodo concluye en julio, dado que el Periódico Oficial publicó su nombramiento por tres años el 6 de julio de 2018, y bajo el expediente 370/2020, se le otorgó la suspensión provisional, y retomó su cargo.
Como presidente del OGSEA, Leyva Nava tiene la facultad de convocar a sesiones con el apoyo del secretario técnico del SESEA. El mes pasado acordaron convocar a una reunión para el 28 de enero a las 12:00 horas, pero ninguno de los representantes gubernamentales se conectó a la sesión virtual, por lo que se suspendió.
Fue la gota que derramó la denuncia penal. Leyva Nava consultó a uno de los representantes gubernamentales sobre la razón de su inasistencia y se encontró con que Rodríguez López los había citado a las 13:00 horas, tiempo de retraso suficiente para que la sesión se suspendiera.
Leyva Nava consideró la actitud de Rodríguez López de enviar una convocatoria distinta como “una conducta a todas luces ilegal, discriminatoria y alevosa en perjuicio no sólo del suscrito sino de los fines del sistema estatal anticorrupción”.
A las 13:47 horas del pasado 16 de febrero, Leyva Nava presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por esos hechos, en un escrito en el que cita antecedentes sobre las confrontaciones que ha tenido con Rodríguez López.
A esa denuncia, se suma el llamado que hacen tres integrantes del CPCP para el Congreso del Estado y la ASE investiguen el uso de los recursos que le entregó la Secretaría de Finanzas al SESEA. Señalan seis transferencias de 500 mil pesos que sumarían tres millones de pesos. Sin embargo, en la relación que de pagos que presentan, dos aparecen repetidos.
Al consultar las listas de cheques de la Secretaria de Finanzas, se detectó que fueron once los pagos que se le hicieron al SESEA en 2020: dos el 2 de octubre, dos el 4 de diciembre, dos el 22 de diciembre y cinco el 31 de diciembre. Cinco millones y medio de pesos en total. Los integrantes del CPC se quedaron cortos.
No es de extrañar que hayan equivocado la cifra, pues a pesar de presidir el órgano del gobierno del SEA, no son informados del manejo del presupuesto por parte del secretario técnico.
Ni por vía de solicitud de información conforme a la Ley de Transparencia el CPC ha sido informado del uso del presupuesto, y se mantienen a la espera de que la CEGAIP, uno de los representantes que avaló el proceder de Rodríguez López, resuelva el recurso de revisión para que la información les sea entregada.
Los primeros cinco millones y medio de pesos gastados para combatir la corrupción totalmente en la opacidad. ¡Vaya despropósito!
Es así como el organismo insignia del sexenio de Juan Manuel Carreras López acumula más elementos de que en realidad se trata de un distintivo indudable de la simulación de la lucha contra la corrupción, que ha mantenido por más de cinco años, en los que acumuló casos emblemáticos que lo muestran como un gobernador cómplice y promotor de la impunidad.
