Por Victoriano Martínez
Han pasado casi siete años y ocho meses desde que se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y todas las bondades que para el saneamiento de la administración pública se le atribuyeron a esa norma están muy lejos de concretarse.
El principal obstáculo tiene que ver con la falta de voluntad de las autoridades para transparentar su actuación, paso previo para posibilitar el combate a la corrupción por el que la Ley del SEA crea una Plataforma Digital Estatal con seis sistemas de información que incluyen uno de denuncias públicas sobre faltas administrativas y hechos de corrupción.
De los seis sistemas (1, Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal; 2, Servidores Públicos que Intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; 3, Servidores Públicos y Particulares Sancionados; 4, Información y Comunicación del Sistema Estatal; 5, Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, y 6. Información Pública de Contrataciones) sólo funcionan parcialmente tres.
Más de siete años y medio podrían considerarse un periodo más que suficiente para que los seis sistemas ya estuvieran en operación, pero de acuerdo con el informe presentado al Congreso del Estado este jueves por Rafael Rodríguez López, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEA (SESEA), tres ya operan y uno más se encuentra en periodo de prueba.
Aunque en su momento el gobernador Juan Manuel Carreras López fue el principal impulsor de la política anticorrupción, el hecho de que la Ley correspondiente tardara casi 20 meses en volverse una realidad fue el indicador del compromiso sólo de palabra y el sabotaje en los hechos para que el SEA operara.
La lucha anticorrupción fue bandera durante todo el sexenio de Carreras López, pero las acciones siempre fueron en el sentido de obstaculizar desde la integración de los organismos del SEA hasta las acciones que por ley prácticamente tendrían que haber comenzado dos meses después de la publicación de la ley, es decir, a partir de julio de 2017.
Con muchas situaciones irregulares, los organismos del SEA quedaron instalados hacia el final del sexenio pasado, por lo que la puesta en operación de las acciones previstas en la Ley comenzó a aterrizar en el actual sexenio. La primera de ellas, la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción, se concretó en diciembre de 2021 y se presentó en febrero de 2022.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aprovechó la presentación de la Política Estatal Anticorrupción para adjudicársela y hacerla pasar como su “Plan de la Política Estatal Anticorrupción” en un acto propagandístico el 25 de febrero de 2022. No ha vuelto a mencionarla, como si la considerara una herencia incómoda.
Tan incómoda, que a 40 meses de iniciado su gobierno, aún no se concreta la adhesión del Poder Ejecutivo la primero de los sistemas de la Plataforma Digital Estatal, en el que está obligado a difundir las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Un gesto de nula voluntad de transparencia que ha caracterizado a su administración.
En el informe presentado al Congreso del Estado este jueves (página 24) se reporta la adhesión del Ejecutivo a los tres sistemas que ya están en operación. No obstante, en el sitio Web del SESEA aún se reportan sólo dos de los tres poderes adheridos, en tanto que en la PDE aún no aparecen publicadas las tres declaraciones de los servidores públicos del Ejecutivo.
Rodríguez López informó que se le considera adherido en el informe porque ya cuentan con la carta de intención, por lo que se considera que “ya oficializó su adhesión para interoperar el Declaranet San Luis con la PDE”.
El sistema que se encuentra en pruebas corresponde al de la Información Pública de Contrataciones que, de operar con el debido cumplimiento por parte de todas las autoridades, abrirá una gran ventana para conocer los contratos sobre obras y adquisiciones que hoy permanecen en la opacidad.
Aunque si en más de siete años y medio las autoridades han logrado retrasar la operación de la PDE para evitar la difusión de la información que les interesa mantener oculta, es de esperar que Gallardo Cardona, igual que Carreras López, estire el cumplimiento de estas obligaciones hasta los últimos meses de su mandato para que se aplique en el siguiente sexenio… especialmente si no logra imponer su proyecto transexenal.
