Angélica Campillo
El Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) lamentó que el Gobierno del Estado evada su responsabilidad para con las demandas laborales de sus empleadas y empleados, al haberlos intimidado con un operativo policial durante la manifestación que llevaron a cabo el 5 de julio en la capital potosina.
El secretario general del Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que en San Luis Potosí se respeta la ley, el Estado de derecho y la libertad de expresión, pero no se va a permitir el bloqueo de calles, como lo pretendían realizar los integrantes del SITTGE, lo cual les fue impedido por alrededor de 80 oficiales de la Guardia Civil Estatal.
Asimismo, recomendó a los integrantes del SITTGE acudir a presentar las demandas correspondientes al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), para dar solución legal a sus diferencias.
En ese contexto, los afectados aseveraron que el operativo para disolver la manifestación en la que se encontraban familias, adultos mayores, niñas, niños y discapacitados “fue digno de la captura de un narcotraficante de alto nivel”.
Esto debido a que se hizo uso de tanquetas artilladas, en la que participaron decenas de policías antimotines, lo que evidenció la intención del Gobierno del Estado de reprimir a los manifestantes, lo que consideraron un acto de prepotencia y abuso de poder en contra de los más débiles.
Indicaron que en ningún momento hubo el intento de dialogar por parte de Torres Sánchez, ni de escuchar las sentidas demandas y carencias de las y los trabajadores causadas por el mismo Gobierno del Estado cuando violó sus derechos humanos y laborales desde el inicio de la actual administración.
“Tampoco hubo interés de su parte para atender la instrucción que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le dio el 22 de febrero para que resolviera los asuntos laborales del SITTGE, ni para cumplir la minuta firmada por la autoridad estatal el ocho de abril”.
De acuerdo con el SITTGE, el encargado de la política del Gobierno Estatal evade su responsabilidad en la atención a las demandas laborales de sus empleadas y empleados, al conminarlos a que acudan ante los tribunales laborales para dirimir tales asuntos, por lo que él mismo elimina su obligada participación en ello e ignora “maliciosamente” que existe la referida minuta por escrito, en la que el poder ejecutivo estatal se compromete a cumplir todos sus puntos.
Los integrantes del SITTGE refirieron que una hermana del secretario general, Silvia Torres Sánchez, fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, pero las y los más de 150 trabajadores afectados por violaciones del Gobierno Estatal a sus derechos laborales, ya han presentado las denuncias correspondientes sin que a la fecha haya iniciado acción alguna referente a estas, por lo que prevén que difícilmente puedan prosperar a su favor.
Si bien el SITTGE señaló que mantiene su postura de apertura al diálogo y realizar mesas de trabajo con el Gobierno estatal, aclararon que no dejarán de defender sus derechos y continuarán adelante con acciones para demandar justicia.
