Benazir Valles
De acuerdo con un estudio de la organización World Justice Project, el Estado de Derecho en México disminuyó en 11 estados, entre los que se encuentra San Luis Potosí, y se estancó en otros seis durante 2019.
La organización atribuyó este fenómeno a “un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad”, así como por “las situaciones de violencia, corrupción e impunidad que afectan a millones de mexicanos”.
Asimismo, alertó sobre el retroceso que se ha registrado en el Estado de Derecho por la “incapacidad” de las autoridades para garantizar seguridad y el poco respeto a los derechos de humanos, la persistencia de casos de corrupción y el limitado acceso a la justicia.
Las entidades que según el estudio presentan este fenómeno son Zacatecas, con 0.43; Baja California, 0.40; Michoacán, 0.39; San Luis Potosí, 0.38; Chiapas, 0.38; Tabasco, 0.37; Tlaxcala, 0.37; Ciudad de México, 0.36; Morelos, 0.36; Quintana Roo, 0.35, y Puebla 0.35, y en él se tomaron en cuenta variables como orden y seguridad, que fue en la que resultaron más afectadas todas las entidades que presentaron un retroceso, a excepción de Michoacán.
Cabe recordar que el año pasado San Luis Potosí fue señalado en el Seguimiento Y Evaluación Del Sistema De Justicia Penal En México Hallazgos 2018, elaborado por México Evalúa, entre las 10 entidades con menor porcentaje de resolución de casos.
Específicamente, el Poder Judicial de San Luis Potosí se aparecía en el noveno lugar entre los que menos casos resuelven en el nuevo sistema de justicia penal, aunque el estudio puntualizó que el bajo porcentaje no se podía atribuir en todos lo casos a una gestión judicial con deficiencias, ya que también puede indicar una falta en el trabajo de otras instituciones relacionadas con la procuración de justicia.
El Poder Judicial del Estado estuvo a cargo de Juan Paulo Almazán Cué durante tres años, durante los cuales fue denunciado por jueces y magistrados en múltiples ocasiones por abuso de poder, nepotismo e incluso acoso laboral, sin que ninguno de los procesos emprendidos en su contra ante instancias como la CEDH tuviera alguna repercusión.
