Por: Victoriano Martínez.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) acaba de elaborar un estudio que denomina Indicador de Mala Administración Gubernamental (IMAG), en el que San Luis Potosí aparece, una vez más, entre los estados con los gobiernos peor administrados del país por la forma en que gestionan sus recursos financieros, materiales y humanos, además de sus contratos.
El reporte, dado a conocer por la revista Forbes, aparece apenas un día después de que de acuerdo con el informe entregado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) al Senado, San Luis Potosí aparece como el más incumplido en el programa de Armonización Contable.
De acuerdo con la información del IMCO, San Luis Potosí aparece empatado con el estado de Jalisco, en el octavo lugar de los gobiernos peor administrados.
Entre los indicadores que se destacan sobre la mala administración se encuentra el dato de que la deuda pública estatal supera la capacidad de generar ingresos propios, pues representa 1.17 veces la recaudación propia. En tanto, el gasto corriente representa el 80 por ciento del presupuesto que se ejerce.
“Los gobiernos de Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Puebla y Baja California son los que más gastan en sostener sus propias administraciones, limitando tanto sus inversiones como el resto de los rubros prioritarios para la población”, señala la revista Forbes en su reporte sobre el IMAG.
Otro de los indicadores en los que resulta mal calificada la administración estatal potosina se refiere a la contratación de obras, en el que aparece que el 91.8 por ciento de las obras se asignan directamente sin licitación pública.
“Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz son los casos más lamentables donde se lleva de mala forma la gestión de contratos y de obra pública. En promedio, 56% de su obra pública es realizada por empresas provenientes de otra región, a la vez que 2 de cada 3 pesos que asignan en contratos no se hace mediante licitación pública”, destaca Forbes.
Los indicadores los elabora el IMCO con base cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP).
