Por Victoriano Martínez
Si de atención a víctimas se trata, San Luis Potosí está por convertirse en el prototipo de Estado en el que los organismos encargados de protegerlas operan como un auténtico mecanismo de re-victimización para el que los derechos humanos no son más que un argumento de simulación para medrar desde los cargos públicos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos, cual organismo insignia de esta simulación, emite recomendaciones que presuntamente protegen los derechos humanos de las víctimas y abren el paso a medidas para la reparación del daño, como ocurrió con la recomendación 07/2018 sobre el desalojo violento de habitantes en Noria de San José.
Como de lo que se trata, además de aparentar, es de tomar ventaja de pervertir el cumplimiento de sus funciones, las recomendaciones se elaboran con investigaciones no exhaustivas, las emiten incompletas, se protege a los funcionarios que así convenga y hasta se favorece a particulares, como también ocurrió con la recomendación 07/2018.
En la recomendación 07/2018, la CEDH evitó investigar a fondo la colusión entre funcionarios y la empresa American Industries para despojar propiedades a habitantes de Noria de San José y omitió acciones para proteger a funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y no señalarle responsabilidades a su titular, Alejandro Leal Tovías.
Al emitir mocha la recomendación logran dos efectos a su favor: si la víctima no reclama, sus objetivos de protección se cumplen, y si la víctima quiere hacer valer su inconformidad, tendrá que impugnar la recomendación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, cuando menos, amplían el prolongado desgaste para las víctimas, como ocurrió con la recomendación 07/2018.
Un efecto adicional a favor del mecanismo de re-victimización en el que interviene otro de los organismos de simulación, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, es que a ésta la impugnación le proporciona elementos para evadir gestionar la de por sí mutilada reparación del daño por la omisión de señalar a parte de las autoridades responsables, en tanto resuelve la CNDH.
Por si tales mecanismos de dilación en perjuicio de las víctimas que, ante tal proceso de desgaste, la mayoría se ven forzadas a abandonar su búsqueda de justicia, la CEDH ha instaurado lo que representa una auténtica chicanada: ante la inminencia de una resolución en su contra, reabre la recomendación impugnada y avisa a la CNDH para dilatar su fallo, como paso con la 07/2018.
Una chicanada que no es posible si no hay de por medio tráfico de influencias y corrupción, además de constituir un acto más de violencia institucional en contra de las víctimas que, con la recomendación 07/2018, es la primera vez que la aplican a lo que tendría que ser una resolución con las mayores garantías para proteger los derechos humanos.
Un movimiento que le pega doble a las víctimas, porque además de dilatar aún más la reparación del daño (el caso de la 07/2018 lleva más de cuatro años), provoca una reacción oportunista de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que aprovecha para señalar motivos adicionales para evadir su responsabilidad para con las víctimas.
La recomendación 07/2018 es la primera en que una resolución con ese carácter es reabierta para dilatar la protección a derechos de las víctimas, pero en los pasos previos –como en los procesos de investigación–, ese proceder se ha vuelto sistemático. Ejemplos: el caso de la magistrada Adriana Moter, varios de los asuntos pendientes de María de Jesús Armendarez, Mary Chuy, y otros.
Hasta ahora, el mecanismo de re-victimización y autoprotección de quienes medran con los cargos públicos había operado, con la táctica dilatoria de reabrir expedientes, en momentos previos a la emisión de recomendaciones. Con el caso de la 07/2018, ese desaseo llega a niveles que alarmaron a la CNDH, que ya adelantó a las víctimas afectadas la apertura de una investigación.
Si el caso de la recomendación 07/2018 es en sí mismo grave y resulta emblemático de la forma de operar de la CEDH, la acumulación de casos similares como el de Monter y Mary Chuy, dan pie a un amplio expediente en el que Jorge Andrés López Espinosa atenta contra la razón de ser de su cargo, que si el Congreso del Estado no lo llama a cuentas, incurre en complicidad.
La CNDH anunció que emitirá un pronunciamiento específico sobre el caso de Noria de San José y la maniobra dilatoria de la CEDH. Algunas de las víctimas analizan la posibilidad de presentar una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado, y llevar el caso a las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Como prototipo del mecanismo de re-victimización, la forma de operar de los organismos estatales en torno a la protección de los derechos humanos podría ser el caso sobre el que se tomen las medidas pertinentes para romper con esa simulación y se abra paso a un sistema que verdaderamente garantice justicia a las víctimas.
