María Ruiz
En el transcurso del año 2021 se registraron un total de 257 personas extranjeras en situación migratoria irregular que manifestaron ser víctimas de delitos en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con la información proporcionada a través de la Estadística sobre Delitos Perpetrados en contra de Personas Migrantes en México.
Los tipos de delitos más comunes que se registraron fueron: tortura, trata de personas con otros fines, secuestro de menores, violación, extorsión, chantaje, amenaza, robo, soborno pasivo y abuso de funciones.
Si bien este último se encuentra en el último lugar en la lista de delitos, el ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos en el desempeño que su cargo otorgue corresponde también a una violación de los derechos humanos de las personas migrantes.
Tal es el caso de una adolescente de origen hondureño, quien denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de litigadores de la Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, haber sido víctima de un trato discriminatorio e inhumano por parte de un servidor público.
La joven migrante relató que fue obligada por Jubal N., exfuncionario público que perteneció al Instituto Estatal de Ciegos, a permanecer de pie cargando un garrafón de agua por un lapso de 15 minutos.
Hechos que además de vulnerar su integridad y dignidad humana, se llevaron a cabo bajo la amenaza de perder su documentación, además de ser objeto de discriminación por su origen y situación familiar.
Este acontecimiento, según lo denunciado por la víctima, sucedió el 30 de noviembre de 2021, por el cual se logró la vinculación a proceso del extrabajador.
Según lo referido por la FGE, el delito que se le imputa es por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Por lo que, “tras realizar las indagaciones necesarias, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, judicializó la carpeta de investigación consiguiendo los resultados antes mencionados”.
Actualmente, el proceso de investigación sigue su curso para establecer si Jubal N. continuará con su proceso en libertad o se le dictará prisión preventiva, en caso de que existan elementos suficientes para hacerlo.
La vinculación a proceso se realizó el domingo 11 de septiembre, en la cual se estableció un lapso de dos meses para que se definan las investigaciones complementarias de este caso.
Cada año cientos de personas se internan en territorio mexicano para huir de su lugar de origen. Los motivos: la delincuencia, la precariedad económica y la falta de oportunidades.
Hoy en día San Luis Potosí se ha convertido en uno de los principales destinos para personas con necesidad de protección internacional.
Según lo referido por la unidad de Política Migratoria, en el año 2021 el estado ocupó el séptimo lugar en otorgamiento de tarjetas de visitantes por razones humanitarias, así como el noveno lugar en emisión de tarjetas de residencia permanente para personas que obtuvieron la condición de refugiado.
Por último, San Luis Potosí ocupa el noveno lugar a nivel nacional con más eventos de canalización y presentación de personas por autoridad migratoria, al haber alcanzado una cifra de 7 mil 977 personas migrantes presentadas.
