Por Victoriano Martínez
Hace un año, la presentación de la Cuenta Pública 2020 reveló, para sorpresa de todos, que el gobernador Juan Manuel Carreras López había adquirido deuda de corto plazo por mil 300 millones de pesos; este año, la Cuenta Pública 2021 confirmó el crédito de corto plazo adquirido por Ricardo Gallardo Cardona por mil 500 millones de pesos.
El de Carreras López fue un préstamo que debió liquidarse, y se liquidó, en junio de 2021, plazo límite marcado por la Ley de Deuda Pública para ese tipo de endeudamiento. El de Gallardo Cardona tiene hasta junio de 2027 para ser liquidado, pero en la medida en que más se alargue el plazo, el costo por los intereses será más alto.
En el manejo de ambos créditos, tanto Carreras López como Gallardo Cardona evadieron pasar por la autorización del Congreso del Estado, al aprovechar un tecnicismo legal que por ser financiamientos de corto plazo no constituyen Deuda Pública conforme el Artículo 6° fracción II de la Ley de Deuda Pública.
Carreras López en 2020 innovó al encontrar esa salida después de haber intentado, incluso con reuniones en busca de apoyo del sector privado, que el Poder Legislativo le autorizara para obtener un crédito por 700 millones de pesos.
Para Gallardo Cardona esa salida fácil la heredó del mismo personaje que le testó la herencia maldita que tanto se cacarea como lineamiento de comunicación social para comunicados y declaraciones de funcionarios.
Como estrategia heredada, Gallardo Cardona ha seguido la misma ruta de opacidad que Carreras López y la escasa información sobre los préstamos de corto plazo aparece en los resultados generales del ejercicio fiscal 2021, tomo uno de la Cuenta Pública.
Los mil 500 millones de deuda de corto plazo se obtuvieron de tres bancos: de Scotabank 400 millones de pesos, de BBVA 500 millones de pesos y de Banorte dos créditos, uno por 500 millones de pesos y uno más por otros 100 millones de pesos.
Las condiciones de pago, intereses, comisiones y demás viven en el reino de la opacidad en virtud del uso de la misma maniobra con la que evadieron la intervención del Congreso del Estado. En la Plataforma Estatal de Transparencia aprovechar que la disposición legos los obliga a informar sobre la deuda pública y, como esos préstamos no lo son, los omiten.
Una interpretación en la que el gobierno de Gallardo Cardona no niega su vocación por la opacidad: lejos de aplicar el principio de máxima publicidad en la interpretación de sus obligaciones, lo transforma en un principio de mínima publicidad que lo lleva incluso a violar otra ley: la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Esa ley obliga a los entes públicos a difundir vía internet un reporte de transparencia con los estados financieros y la información emanada de la contabilidad bajo criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, además de oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia y posibilidad de predicción e importancia relativa
Entre los puntos que más se mencionan son el caso de todo tipo de deudas sobre las que, incluso, ordena que “los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable”.
Es pública, y hasta se responsabilizó a la herencia maldita por la necesidad de contratarla, la deuda de corto plazo por mil 500 millones de pesos.
También es pública la opacidad en la que se mantiene toda la información al respecto y la forma en que se trata de un aspecto más con los que el gobierno de Gallardo Cardona viola las leyes de Transparencia, local y general, y la General de Contabilidad Gubernamental.
Algo que no debe ocurrir, pero que lo puede hacer porque el primer ente responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, tiene años de que se convirtió el principal instrumento de la opacidad gubernamental.
Si no se informa sobre los pormenores de los contratos sobre esa deuda, mucho menos sobre el destino que se dio a esos mil 500 millones de pesos, así se haya señalado de manera genérica que se obtuvieron para el pago de aguinaldos y para apoyar a varios ayuntamientos.
Con la presentación de la Cuenta Pública 2021 se abre el proceso en el que habrá de intervenir el órgano fiscalizador, la Auditoría Superior del Estado, que tiene hasta el mes de octubre para demostrar si efectivamente señalará las faltas y omisiones… o se sumará –como ha ocurrido hasta ahora– a la burda simulación que pavimenta el camino al reino de la impunidad.
