Por Victoriano Martínez
Los habitantes de la Comunidad de San Juan de Guadalupe, envuelta desde hace varias décadas en conflictos por la tenencia de la tierra, el acoso inmobiliario y la defensa ambiental de la Sierra de San Miguelito, amanecieron este martes con una noticia de muy alto impacto: Luis Alberto Zavala Ojeda, presidente del comisariado, fue asesinado.
El homicidio ocurrió a unas horas del cierre del Carnaval de San Juan de Guadalupe 2023, en el que Zavala Ojeda participaba dentro del comité organizador. El festejo se desarrolló aparentemente sin contratiempos por la tarde de este martes, sin que por ello entre los diversos grupos confrontados dentro de la Comunidad se dejara a un lado la consternación por la tragedia.
Las razones del asesinato se desconocen. Deseable es que no tenga relación con los conflictos que se viven en la Comunidad, pero también lo es muy posible. Es un homicidio que ocurre en una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y que, además, se encuentra entre los veinte municipios con mayor incidencia delictiva, según se reportó en La Mañanera de este martes.
Zavala Ojeda no fue cualquier presidente del Comisariado. En 2018 compitió por el Comisariado en contra del grupo caciquil pro inmobiliarios y estuvo cerca de arrebatarles la dirigencia con una planilla propia.
Para 2021, por el liderazgo que construyó que jaló a su causa a gente incluso que seguía al grupo caciquil, se dio un pacto de Zavala Ojeda con los Juanes Perreros para evitar que llegara con una planilla propia al cargo. Encabezó una planilla con integrantes del otro grupo, como una forma de mantenerlo bajo control.
Con ese antecedente, podía conversar incluso con los opositores a la urbanización de sus tierras, quienes podían considerar que Zavala Ojeda no estaba del todo de acuerdo a comercializar sus parcelas, pero por la forma en que llegó al cargo se veía obligado a adoptar posturas favorables a los empresarios inmobiliarios.
Su relación con el resto del Comisariado era difícil al grado de que llegaron a considerar destituirlo, no porque se hubiera cambiado al bando de los opositores a la venta de sus tierras, sino porque por algunos procedimientos que no compartía, consideraban que dificultaba las acciones que emprendían como autoridades comunales.
Eran diferencias que no llegaban a la confrontación y, en términos generales, se mantenía alineado con el bloque que atiende a los intereses de desarrolladores inmobiliarios.
Tras la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito y la consecuente cancelación de grandes proyectos residenciales, el ambiente de confrontación entre los comuneros de San Juan de Guadalupe se agravó ante los intentos de los empresarios inmobiliarios por aprovechar superficies fuera de los límites del polígono con protección ambiental.
Los intentos de ocupación de predios como el denominado La Tiendita y la compra de 57 hectáreas en los bordes de la presa de la Cañada del Lobo caldearon los ánimos al grado de registrarse incidentes de amenazas y amedrentamiento de comuneros aparcelados.
Un ambiente de confrontación que ha estado presente en varias décadas de disputas por el uso de sus tierras comunales, sin que se hubiera dado una tragedia, lo que para algunos es un antecedente que hace pensar que el homicidio de Zavala Ojeda no tiene relación con los problemas de la Comunidad.
No obstante, corrieron las versiones desde que se trató de un acto violento al calor de situaciones que se salieron de control como parte del carnaval, hasta aquellas que señalan que fue un ataque directo perpetrado con alevosía.
Haya sido premeditado o no, el hecho es que el asesinato de Zavala Ojeda se da en un contexto de confrontación con una larga historia que, a la mayoría de los comuneros de los grupos en conflicto, le genera una sensación de que la reacción ante las diferencias pudo escalar y rebasar una línea de violencia extrema que infunde temor.
Un temor ante las reacciones que pudieran darse, basadas en una interpretación del hecho que pudiera ser errónea y al calor de la confrontación ancestral, pero que sus consecuencias pudieran ser también graves.
Una circunstancia que marca una diferencia importante para no considerar el homicidio de Zavala Ojeda como uno más entre los tantos que ocurren en este ambiente de inseguridad normalizado, porque en la medida en que no sea aclarado fehacientemente, dejaría peligrosos espacios de duda con consecuencias imprevisibles en una Comunidad muy confrontada.
