Estela Ambriz Delgado
El movimiento Guardianes de la Sierra de San Miguelito ha solicitado a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, que se diseñe una estrategia de consolidación de los núcleos agrarios inmersos en el Área de Natural Protegida (ANP), proteger jurídica y socialmente el decreto; investigar y en su caso sancionar el manejo indebido de recursos económicos, jurídicos y políticos para buscar la anulación del mismo; e impulsar la declaratoria como asunto de seguridad nacional.
Al término de la reunión de autoridades en materia ambiental con el colectivo, sus integrantes entregaron al jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de Semarnat, Román Hernández Martínez, una solicitud en la que se explica detalladamente la situación en que se encuentra el ANP respecto al acoso inmobiliario e industrial, así como los juicios de amparo que han interpuesto algunos núcleos de población contra el decreto.
En el documento se afirma que el decreto es de incalculable trascendencia para las y los potosinos, pues da la posibilidad de un futuro diverso a lo que grupos del poder económico ambicionan en la entidad, la cual se encuentra en un contexto de desequilibrio hídrico, ocasionado principalmente por el abatimiento de los acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua superficiales y la urbanización de las áreas naturales de recarga.
En este sentido, los activistas destacan que el ANP plantea la preservación hídrica en cantidad y calidad, lo que favorece al equilibrio ecológico, así como al bienestar social y económico de todos los sectores de la población, por lo que reforzar su defensa ante diversos grupos de fraccionadores es de vital importancia desde el ámbito institucional y social.
De manera puntual, señalan que el acoso inmobiliario e industrial continúa en la Comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y se extiende a ejidos como San Juan de Guadalupe, Escalerillas y El Aguaje, que han sido devastados por el Gran Peñón; El Terrero, en la capital; Rodrigo, Emiliano Zapata-Jesús María, y Calderón, de Villa de Reyes.
Asimismo, otras comunidades y ejidos como Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz; Suspiro Picacho y Fracción Rivera en Mexquitic de Carmona, sufren el embate de escrituras hechizas y grupos de poder económico como Caletto, Habi, entre otros.
Destacan en el caso de Guadalupe Victoria, pues se requiere atención y apoyo al polígono comunal, diverso al ejidal, que cubre más de mil 500 hectáreas de área de amortiguamiento, además de las mil 787.40 del área ejidal, de las cuales son mil 416.13 de zona núcleo, en donde se encuentran vestigios arqueológicos y monumentos históricos como el Santuario de Nuestra Señora del Desierto.
El ataque contra el decreto y las negociaciones con autoridades continúan
En el documento Guardianes de la Sierra se hace mención del audio dado a conocer en julio de 2023, donde empresarios, abogados y líderes acuerdan acciones para anular el decreto al asegurar que se cuenta con una buena relación con el Poder Judicial Federal, así como que estos mismos grupos dan por hecho la construcción de la Vía Alterna.
Respecto a dicha vialidad se especifica que la autorización federal se dio con el argumento de la necesidad de movilidad, pero su objetivo es interconectar fraccionamientos del poniente de la ciudad, algunos ya existentes y otros que fueron frenados con la declaratoria de APFF, pues el área de influencia implica construir sobre la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos, el ejido del mismo nombre, y el Aguaje.
“El presidente López Obrador frenó el financiamiento de esta obra en el año 2021. Sin embargo, los empresarios integrantes del llamado Consejo Consultivo Potosí pretenden hacerse cargo del proyecto y le han planteado al gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, que gestione recursos a favor de este trazo. Nuestra Sierra no puede ser una herramienta de negociación de ningún gobierno local”.
Respecto a las resoluciones de diversos juicios de amparo como son el 89/2022 promovido por el ejido El Terrero, el 924/2021 de Estancia del Calderón, ambos del Juzgado Primero de Distrito; así como el 8/2022 del ejido Emiliano Zapata-Jesús María del Juzgado Sexto de Distrito, detallan el estado en que se encuentran cada uno de los núcleos agrarios.
En el caso del Terrero se trata de un ejido sometido al control del grupo Mexicana de Técnicos en Autopistas S.A. de C.V., beneficiarios de la Vía Alterna, quienes además son parte de la estructura de los mismos despachos de Claudio X. González; respecto a los ejidos Emiliano Zapata-Jesús María y Estancia de Calderón, operan los grupos empresariales de la inmobiliaria Ciudad Maderas, quienes además han sometido al ejido Rodrigo.
Finalmente, en su solicitud los activistas plantean realizar una evaluación social, política y jurídica de cada uno de los núcleos agrarios al interior del ANP para diseñar una estrategia de avance y consolidación, al proponer una mesa colegiada con el sector ambiental, agrario y del bienestar.
Además de asumir el compromiso de defender la Sierra de San Miguelito, proteger jurídica y socialmente el Decreto del Área Natural de Flora y Fauna publicado el 13 de diciembre de 2021; investigar y en su caso castigar el manejo indebido de recursos económicos, jurídicos y políticos para buscar la anulación del mismo; e impulsar la declaratoria como asunto de seguridad nacional, a efecto de prevenir escenarios de conspiración jurídica, atendiendo además a garantizar el derecho humano al agua y un medio ambiente sano.
