Eduardo Delgado
Víctimas de acoso, discriminación y de violencia institucional en el Supremo Tribunal de Justicia piden al presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Paulo Almazán Cue, hacer todo lo indispensable para combatir esas conductas en esa institución, como expuso él mismo en la presentación de una conferencia sobre el tema. “Le tomamos la palabra”, asentaron en escrito entregado con copia a magistrados y consejeros.
El lunes de la semana anterior, en el Instituto de Investigaciones Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, fue impartida la ponencia sobre el acoso en el ámbito laboral y penal, a cargo de Ángela Quiroga Quiroga, evento donde Almazán Cue destacó que un elemento fundamental del futuro laboral “es vivir un ambiente libre de violencia”.
Para lograrlo, recuerdan, Almazán Cue sostuvo la necesidad de imponer políticas públicas de “cero tolerancia” a la violencia en el trabajo, fijar códigos de conducta, protocolos y una instancia para recabar y procesar las denuncias.
El presidente e integrantes del Consejo de la Judicatura -exponen como antecedente- acumulan tres denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por “presuntas” conductas de acoso laboral “en contra de tres de los firmantes” y “al menos” otras dos más por los mismos motivos.
Por tanto, advierten, “resulta muy difícil creer lo dicho por Almazán Cue” y “más bien da la impresión” que su postura es “una simulación”.
Pese a todo, “en un afán de confiar en la presunta buena fe” del Consejo de la Judicatura “le tomamos la palabra” y en consecuencia “le pedimos emprender las acciones indispensables para llevar a cabo de manera pronta, eficaz y puntualmente las directrices en contra de la violencia institucional, acoso laboral y discriminación” en el Poder Judicial.
Como el establecimiento de la Norma Oficial Número NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de igualdad laboral y no discriminación, que obliga a la certificación de todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales, y para obtenerla deben someterse a una auditoría externa para verificar que sus políticas y prácticas cumplen los requisitos de igualdad laboral y no discriminación.
También la implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, relativa a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención.
La ex magistrada Adriana Monter Guerrero; los jueces Julián Ruiz Contreras, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Luis Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras, señalan además que para “cerrar el paso a cualquier sospecha que por discriminación” pudiera surgir en el cambio de adscripciones, solicitan “implementar el Reglamento de la Carrera Judicial”.
Documento normativo aludido en la Ley Orgánica del Poder Judicial que “a la fecha de hoy es inexistente y jamás ha sido implementado…lo cual facilita la toma de decisiones arbitrarias”, en los nombramientos, remociones, adscripciones, readscripciones y ratificaciones.
