Por Victoriano Martínez
El pasado 20 de abril, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez recibió el oficio número ASE-AEFM-0469/2016 de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el que le requirió “la presentación de la documentación comprobatoria y aclaraciones que solventen, a juicio de la propia Auditoría Superior, las observaciones notificadas”.
Se trataba de un requerimiento para que el alcalde perredista solventara el “Pliego de observaciones correspondiente a la revisión de octubre a diciembre de 2015 (Ramo 28)”, que los auditores de la ASE elaboraron con relación a la Cuenta Pública del ejercicio anterior, aunque la que llegó a manos del alcalde resultó ser una segunda versión.
De acuerdo con auditores que trabajaron en el documento (del que proporcionaron copia), el pliego original constaba de 138 páginas y el monto de los recursos con observaciones era por 171 millones 689 mil 215 pesos. El motivo por el que se consideró que su aplicación fue irregular se describe así:
“Claves y su fundamentación. Egresos. 1. Sin comprobantes – Artículo 27 fracción II, y 86, fracciones II y V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 42 y 43 de la de la (sic) Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 del Código Fiscal de la Federación; 42 Bis, fracción I, de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; 19 y 29 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del Estado de San Luis Potosí”.
En el documento aparecen las firmas de José de Jesús Martínez Loredo, auditor Superior del Estado, y de María del Socorro Alejandra Lomelí Quijano, como supervisora del trabajo hecho por los auditores.
De acuerdo con auditores que fueron testigos, antes de que Martínez Loredo enviara ese pliego de observaciones a Gallardo Juárez, recibió en su oficina a tres diputados, José Luis Romero Calzada, José Guadalupe Torres y Manuel Barrera Guillén, quienes le pidieron reducir las observaciones. El funcionario cedió y, sin mediar solventación, se eliminaron 15 páginas del documento.
Tras la visita de los legisladores, Martínez Loredo redujo, sin que se documentaran las aclaraciones, el monto de lo observado de los más de 171 millones de pesos a 137 millones747 mil 720 pesos, y la razón por la que se consideró irregular su aplicación también la cambió.
“Claves y su fundamentación. Egresos. 1. Sin comprobantes – Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 39 TER, de la Ley de Auditoría Superior del estado de San Luis Potosí”.
La nueva versión del pliego de observaciones registra una diferencia adicional importante: la supervisora Lomelí Quijano evitó comprometer su firma en la eliminación de observaciones no solventadas.
Los auditores que trabajaron en el documento señalaron que los movimientos enlistados sobre los que los legisladores pidieron a Martínez Loredo eliminar las observaciones tienen que ver principalmente con la compra de medicamentos que se dio durante los primeros tres meses de la actual administración municipal.
Se trata de un dato que desmiente la postura, tanto del alcalde Gallardo Juárez como de sus funcionarios, en el sentido de que será hasta la revisión de la cuenta pública 2016 que la ASE defina la legalidad o ilegalidad en las compras de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz, dado que de los dos contratos que la administración dice que firmó con ella, uno corresponde a 2015.
Este martes, la Auditoría Superior del Estado entregó los informes finales de las auditorías a las cuentas públicas de los ayuntamientos, organismos operadores de agua potable, sistemas DIF, el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, y los Institutos Municipales de Vivienda de Soledad y Ciudad Valles.
