Por: Antonio González Vázquez.
Hace siete meses, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los magistrados electorales de San Luis Potosí, Oskar Kalixto Sánchez y Rigoberto Garza cometieron acoso laboral y violencia política contra la también magistrada electoral, Yolanda Pedroza Reyes.
Fue un hecho de trascendencia y colocó el tema del Tribunal Electoral potosino en la prensa nacional y fueron comidilla de todos.
El Senado de la República que fue la institución que designó a los magistrados, debería entonces sancionar a Kalixto y a Garza, según consideró el TRIFE.
Parecía tan simple, pero no ha sido así. Como se dice por ahí con sorna: “estamos en México güey”.
En ese sentido, una vez que el Senado se negó a sancionar a los magistrados y que el tema se puede quedar ahí, lo deseable es que los presuntos acosadores sean de ahora en adelante celosos guardias que preserven los derechos de la magistrada, que le den un trato respetuoso y equitativo, cortés y amable.
Pero ya sabe usted, amable lector eso no va a ocurrir porque “estamos en México güey”.
