Por Victoriano Martínez
Cuando de negocios se trata, pareciera que una declaratoria de Área Natural Protegida se convierte en una etiqueta que atrae a empresarios sin escrúpulos que ven en ellas la manera de potenciar utilidades, sea con la depredación de su territorio o hasta utilizarlas para proyección de imagen, sin importar los daños que le pueden provocar a la flora y fauna.
El pasado 6 de mayo, dos helicópteros sobrevolaron el Sótano de las Golondrinas, en el municipio de Aquismón, a tan baja altura que provocaron la muerte de cientos de aves y la destrucción de nidos de golondrinas, por encontrarse en época de anidación, sólo para realizar un video promocional para el Grupo Vidanta.
El Sótano de las Golondrinas fue declarado Área Natural Protegida desde el 15 de marzo de 2001 entre otras cosas por ser “un evento geológico de gran magnitud, donde se resguarda un ecosistema único que es sitio de anidación y refugio de fauna silvestre”, además de ser “un atractivo de interés mundial considerado la sexta vertical subterránea más grande del mundo”.
El ANP fue declarada bajo la modalidad de Monumento Natural y su administración, conservación, desarrollo y vigilancia, conforme al decreto, quedó a cargo de los habitantes de la Unión Guadalupe, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y el ayuntamiento de Aquismón.
De acuerdo con la información con que cuentan los habitantes de Unión Guadalupe, representantes de Grupo Vidanta solicitaron a la SEGAM autorización para los sobrevuelos desde el 22 de abril y también se presentaron a una asamblea de la comunidad.
Aunque en la asamblea se les aclaró que había veda debido a que las aves se encuentran en época de reproducción, que los sobrevuelos se podrían hacer entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre y a una altura mínima de más de 300 metros, para el 6 de mayo incursionaron con dos aeronaves a menos de 50 metros de altura.
Las consecuencias aún no se han cuantificado, pero hubo cientos –quizá miles– de aves que murieron, cantidades similares de nidos destruidos, además de polluelos que se quedaron sin alimento y también morirán, y los huevos que estaban por eclosionar ya no lo harán por falta de calor al no haber empollamiento.
Los habitantes de Unión de Guadalupe ya presentaron tres demandas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en contra de las empresas Heliservicios S.A. de C.V., Vallarta Park y Servicios Turísticos Exclusivos, pertenecientes a Grupo Vidanta, y Mack Animations.
“Las aeronaves, propiedad de una empresa operadora de parques, tenían permiso para hacer trabajos de filmación desde el aire, pero sobrevolaron a una altura baja, lo que causó daños a los ejemplares de vida silvestre que habitan el sitio, como golondrinas, vencejos, guacamayas, quilas y otras especies de psitácidos”, mencionó la PROFEPA en un comunicado.
No obstante, en el comunicado en el que informa que abrió la investigación sobre el caso sólo menciona que la empresa contaba “con permisos de autoridades ambientales de San Luis Potosí para realizar actividades aéreas”, cuando también tenía que tomar en cuenta a la asamblea de Unión Guadalupe, que les advirtió de la veda y las condiciones del sobrevuelo.
El dato confirma la versión de los representantes de la comunidad en el sentido de un encubrimiento por parte de la SEGAM y de la Fiscalía General del Estado, que en lugar de actuar contra las aeronaves que provocaron el ecocidio, los protegieron de la protesta de los habitantes del lugar. Un gobierno verde protector de depredadores ecológicos.
Todo indica que al Grupo Vidanta le urgía más contar con la filmación sin importarle provocar un daño ecológico que actuar conforme a uno de los tres valores que aseguran honrar en su sitio Web: “La protección del medio ambiente es una parte integral de nuestras políticas y prácticas corporativas”.
Peor aún, hacen poco honor al reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable “otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), este distintivo reconoce a Grupo Vidanta por proteger el medio ambiente y proponer las mejores prácticas de sustentabilidad como empresa”.
Las acciones que realizaron sobre el Sótano de las Golondrinas se encuentran tipificadas como delitos ambientales tanto el en Código Penal del Estado como en el Código Penal Federal, además de las sanciones que tendrían que aplicarse por la violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Ambiental del Estado.
Los efectos directos de la acción ambientalmente irresponsable del Grupo Vidanta son evidentes con las imágenes documentadas sobre la mortandad de aves, pero hay una secuela aún incuantificable: el impacto que tendrá en la flora por las funciones polinizadoras de las aves, cuya población aún no se sabe cuánto ha mermado.
