Carlos Rubio
Comuneros de San Marcos Carmona (en Mexquitic de Carmona) se reunieron este jueves con el subsecretario de Gobierno, Jorge Vega Arroyo, para enterarlo de la situación que se vive en sus tierras, las cuales han sido invadidas ilegalmente desde hace cinco años para la construcción de los fraccionamientos Fuerte Ventura, Forja Real y Ojaranza.
Actualmente, el conflicto se disputa en los tribunales y, en teoría, una suspensión de plano debió haber frenado las obras desde hace años, sin embargo, en la práctica, las empresas han encontrado la forma de burlar los recursos judiciales e ilegalmente continúan con los desarrollos inmobiliarios. Al momento debe haber más de 400 casas construidas, que además presentan deficiencias, en una extensión de más de 650 mil metros cuadrados.
Ante la continua violación de la suspensión de plano, los comuneros han tomado acciones de resistencia civil y han detenido y sacado maquinas de sus tierras.
El pasado martes 4 de enero, a San Marcos Carmona arribó un grupo de más de 150 elementos de la policía estatal en patrullas y motocicletas con estampado de la Fuerza Metropolitana: abrieron el paso y protegieron a los constructores que entraron a las inmediaciones del Río Calabacillas para continuar con los desarrollos.
La mayoría de las personas que conforman el grupo de comuneros son personas de la tercera edad y algunos cargan consigo niños; sus labores de resistencia consisten en bloquear el paso de las maquinas y automóviles. Aún así y sin explicación alguna, se utilizó a la fuerza policiaca para repeler sus manifestaciones pacíficas e ingresar a sus terrenos.
Ningún oficial quiso ofrecer explicaciones sobre su presencia en el lugar ni quién dio la orden de que se presentaran a proteger a constructores.
Por esta razón, los comuneros de San Marcos Carmona y sus abogadas sostuvieron una reunión con el subsecretario de Gobierno, en la que narraron gran parte del conflicto en el que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, tras haber sido detenidos ilegalmente en diversas ocasiones, como una forma de amedrentarlos, según comentan.
A Palacio de Gobierno arribaron más de 30 personas originarias de la comunidad, con pancartas en donde escribieron sus inconformidades; al interior del recinto ingresaron siete comuneros y sus dos abogadas.
Jorge Vega Arroyo escuchó y se encuentra al tanto de las múltiples ocasiones en las que acudieron policías y ministeriales armados a San Marcos Carmona, a buscar a los manifestantes y sembrar el miedo en la comunidad.
En su carácter de abogado, el subsecretario ahora se encuentra informado sobre la suspensión de plano que debe impedir que se continúe con la construcción en la comunidad de San Marcos.
Tras una platica de 54 minutos, Jorge Vega se comprometió a estar en completa comunicación con las asesoras legales de los comuneros, Martha Elena Ortiz y Lindsay Saldaña. Asimismo, dijo que revisará con la Secretaría de Seguridad Pública lo ocurrido el pasado 4 de enero, cuando un inmenso grupo de policías invadió la comunidad.
Al ser cuestionado sobre quién se encargará de que se respete la suspensión de plano, Vega Arroyo adquirió el compromiso de establecer contacto con el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, para que sean ellos quienes hagan cumplir la medida judicial.
De igual forma, se comprometió a establecer una comisión de diálogo con la Fiscalía General del Estado (FGE), para evitar más amedrentamientos y detenciones ilegales que atenten contra los Derechos Humanos de los comuneros.
Los comuneros expresaron su confianza en el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que los apoye en este conflicto que fue ignorado por su antecesor, Juan Manuel Carreras López. A pesar de que la decisión final se encuentra en un Tribunal, pidieron la intervención del mandatario estatal para que sus derechos sean respetados y sus tierras dejen de ser urbanizadas.
