Fernanda Durán
Una jueza federal suspendió por tiempo indefinido la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por ello la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantendrá el control sobre la corporación.
La jueza Noveno de Distrito con residencia en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió la suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez en representación de la organización Uniendo Caminos México.
Aunque el pasado 20 de octubre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó el amparo bajo el argumento de que no representa un interés jurídico o legitimo para solicitar la interrupción del decreto, la juzgadora aseguró que sí existe el interés legítimo por parte de Castro Gómez, pues se trata de un defensor de derechos humanos.
El demandante afirmó que el decreto que transfiere la GN al Ejército atenta contra el libre ejercicio de actividades con enfoque protector de derechos humanos, ya que puede generar un efecto inhibidor y amedrentador hacia la libre manifestación de ideas, expresión, y reunión.
“En virtud de que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución”, señala la resolución.
Por ello, SSPC y la Sedena deben suspender la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales; en caso de que dichos cambios ya se hayan efectuado, tendrán que restituir todos los recursos otorgados.
En contraste, el Gobierno federal ha argumentado que la suspensión debía negarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública infringe el orden social al impedir la consolidación de la GN como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control de la Sedena.
