Fernanda Durán
El Poder Judicial de la Federación tuvo que determinar la interrupción en sus operaciones este lunes 19 de agosto debido al paro nacional convocado por sus trabajadores, lo que llevó al cierre total de su sede ubicado en la calle Palmira, bajo el argumento de necesitar ajustes operativos temporales para enfrentar situaciones imprevistas y garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial en el país.
El comunicado oficial, emitido por la Coordinadora de Magistradas y Magistrados de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, Magda Fabiola Delgado Trejo, se informó que esta medida ha impedido el ingreso de litigantes y personas justiciables al inmueble, por lo que se acordó que este 19 de agosto será considerado inhábil.
“Con la única finalidad de salvaguardar los derechos de las personas justiciables y con fundamento en los artículos 9, fracción XIII, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ha decidido que el día de hoy es inhábil y, en consecuencia, no corren los términos judiciales”.
La decisión de suspender los términos judiciales ha sido adoptada por la mayoría de los magistrados titulares de los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, medida que consideraron como una causa de fuerza mayor para garantizar que no se vulneren los derechos procesales de las partes involucradas en los procedimientos judiciales.
A pesar de la suspensión general, el comunicado indica que los tribunales operarán en situaciones urgentes y atenderán “las demás cuestiones laborales que se encuentren dentro de su competencia”, con el objetivo de que se mantenga la capacidad del sistema judicial para abordar los casos que requieran atención inmediata.
La coordinación destacó que la prioridad es “proteger los derechos de las personas justiciables” en un contexto que ha obligado a tomar medidas excepcionales para preservar la justicia y el debido proceso.
Esta suspensión se realiza en el marco de una manifestación laboral con paro indefinido, cuyo impacto ha llevado a la adopción de medidas excepcionales, pues los secretarios y actuarios comenzaron a expresar su rechazo a las reformar al poder judicial promovidas por el Gobierno Federal.
