Eduardo Delgado
Amparada en la contingencia sanitaria, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, presidida por Juana Lara Díaz, mantiene suspendidas actividades desde el pasado 19 de marzo, lo que, en opinión del abogado Fidel García Vargas, vulnera el derecho fundamental del acceso a la justicia en materia laboral.
En contraparte, expuso, el máximo tribunal en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha permanecido activo a través de sesiones virtuales.
“La paralización de los tribunales de impartición de justicia… violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló. El artículo 17, precisó, obliga al respeto al derecho fundamental de acceso a la justicia, expuso en mensaje videograbado, publicado el pasado martes en la cuenta de Facebook “FGV Abogados”.
Como contexto, cabe referir, el Pleno de la Junta Local decretó la suspensión de sus funciones jurisdiccionales del 19 de marzo al 19 de abril. Cumplida esa fecha prorrogó su inactividad hasta el día 31 del mes en curso.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado es un tribunal, integrado por representantes obreros, patronales y de gobierno, encargado de resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.
Con motivo de la pandemia, apuntó el abogado especializado en materia laboral, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud ha emitido acuerdos, en los que ha precisado que dentro de las actividades que deberán continuar son las esenciales, como la procuración e impartición de justicia.
Expuso que los artículos 29 y 73 fracción XVI de la Carta Magna y 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señalan los requisitos para restringir o suspender derechos en casos de perturbación de la paz, la soberanía nacional, la llegada de enfermedades exóticas al país, entre otras.
Asimismo, añadió, señalan que no se deben suspender el derecho a la vida, la salud, la procuración e impartición de justicia.
En ese tenor expuso que en diversos niveles de impartición de justicia en México se han implementado medidas para continuar con sus actividades por considerarse esenciales, como el Poder Judicial de la Federación con sede en San Luis Potosí.
“El actuar del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha sido secundado en el Estado de San Luis Potosí, específicamente por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado”, condenó.
Desentendiéndose con ello de sus obligaciones como ente jurisdiccional que debe velar por la justicia social, el equilibrio entre el capital y el trabajo, conforme a la lo establecido en exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo.
Expuso que, al suspender de manera arbitraria sus labores dejó en completo estado de indefensión a miles de los usuarios, no obstante que “tiene la obligación de implementar las medidas necesarias para continuar con la impartición de justicia, que involucren las tecnologías de la información y que privilegien el trabajo a distancia”, añadió.
Por ende, remarcó, “es incuestionable que la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, está cometiendo violaciones graves a la Constitución Política, al suspender sus funciones de forma arbitraria y por intereses personales”.
En su mensaje videograbado hace un llamado a Gobierno del Estado a atender “la trasgresión a los derechos de los gobernados”, derivada de la suspensión del derecho a la justicia por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a fin de “evitar que las consecuencias de su actuar arbitrario se consume como irreparable y pueda desbordar el equilibrio del estado de derecho”.
