Abelardo Medellín
El juez segundo de Distrito de San Luis Potosí, Jaime Linares Ramírez, otorgó la suspensión definitiva a la nulidad del juicio contra Alejandro N., ex funcionario del DIF Estatal declarado culpable del delito de violación específica agravada en octubre de 2022, sin embargo, en la resolución se insistió en que la víctima pague una fianza para mantener esta suspensión.
El pasado 20 de abril, el juez segundo de Distrito resolvió otorgar la suspensión definitiva en el incidente de suspensión 399/2023-III, que fue promovido por la víctima en el caso de Alejandro N. contra la apelación UG/ASA-04/2023, promovida por el imputado y con la cual se declaró la nulidad del juicio que lo encontró culpable del delito de violación.
“Es procedente decretar la suspensión definitiva (…) de no concederse dicha medida se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte agraviada, medida cautelar que se concede para el efecto de que no se ejecute el acto reclamado, esto es, la resolución (…) en la que se declaró nulo todo lo actuado en la audiencia de debate y juicio oral”, se lee en la resolución en poder de Astrolabio Diario Digital.
Pese a que se otorgó la suspensión definitiva, el juez Linares Ramírez sostuvo en esta resolución que se imponga una fianza de 12 mil pesos a la víctima del caso; si la parte agraviada a quien se le otorga el amparo no paga esta cantidad durante los próximos días, la suspensión que se otorgó por el juicio de amparo quedaría sin efecto.
Esta fianza ya se había establecido desde que se otorgó la suspensión provisional.
Alejandro N. fue declarado culpable del delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad el 11 de octubre de 2022, por lo que fue sentenciado a 12 años y tres meses en prisión.
El 2 de febrero pasado, la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) declaró nulo el juicio oral en su contra, luego de una revisión de oficio en la que se percató de que las audiencias se suspendieron por un total de 26 días naturales, debido a las vacaciones del Poder Judicial y a la agenda de los jueces.
