Tarifas de opacidad, diputados reincidentes

Por Victoriano Martínez

En diciembre de 2018, los diputados de la actual Legislatura tuvieron que homologar el costo de las copias por transparencia para cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que declaró la invalidez de las tarifas establecidas para ese año al resolver las acciones de inconstitucionalidad 13/2018 y 25/2018.

En las primeras leyes de ingresos que los actuales diputados aprobaron a los 58 ayuntamientos, para el ejercicio 2019, homologaron el costo de las copias simples en un peso, no así las copias certificadas que tuvieron 11 tarifas diferentes que iban de los dos a los 50 pesos por página.

En diciembre de 2019, al dictaminar las leyes de ingresos municipales 2020 los diputados olvidaron aplicar el criterio de la SCJN y fue hasta el pleno, previo a la aprobación de los dictámenes, que se hicieron los ajustes para corregir las leyes de diez municipios, entre los que sobresalía una tarifa de 150 pesos por copia simple en el municipio de El Naranjo.

La lección parecía aprendida, pero se trata de los diputados. La respuesta que dio el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a una solicitud de información sobre el costo de los adornos navideños de diciembre encendió una alerta, ya que en ella señaló que “el costo por copia simple a partir de la foja 21 se realizara en base a la Unidad de Medida y Actualización -UMA- de 0.16”.

Si bien en el texto de la respuesta pudo haber un error, dado que al verificar la Ley de Ingresos de ese municipio la tarifa establecida es de 0.01 UMA y la de copia certificada de 0.16 UMA, fue el punto de partida para revisar las 58 leyes de ingresos municipales. El resultado: ¡los diputados se volvieron a olvidar de la sentencia de la Corte!

Nadie les advirtió en diciembre sobre la omisión, y se les pasaron 9 tarifas distintas para las copias simples para atender solicitudes de información. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública brilló por su ausencia… como ha ocurrido en cada determinación legislativa que afecta el derecho de acceso a la información pública del que es garante.

En las leyes de ingresos de 59 municipios se mantuvo la homologación de la tarifa por copias simples en un peso. Dos municipios más se mantienen dentro del rango, aunque con la tarifa señalada en Unidades de Medida y Actualización (UMA): Soledad de Graciano Sánchez a 0.01, equivalentes a 89.62 centavos, y San Luis Potosí con 0.011, que equivalen a 98.58 centavos.

Las leyes de ingresos de Cedral y Mexquitic de Carmona establecen la entrega gratuita de las copias simples solicitadas por transparencia, en tanto que para Cerro de San Pedro la tarifa es de dos pesos, para Villa de Ramos de cinco pesos, para Matehuala de 13 pesos, para Villa de Reyes de 15 pesos y para Villa Juárez ¡de 90 pesos!

Son cinco Ayuntamientos a los que el Congreso del Estado les aprobó el pasado mes de diciembre tarifas por transparencia que no sólo violan la Ley y las buenas prácticas en esa materia, sino con los que se vuelve a desacatar la determinación de la Corte y se ponen –una vez más– ante la posibilidad de que una nueva acción de inconstitucionalidad les enmiende la plana por enésima vez.

En 2018 fueron las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos (CNDH y CEDH) las que presentaron las acciones de inconstitucionalidad contra las tarifas de las copias. La CEGAIP, como los diputados, tampoco aprendió la lección y una muestra de ello es que es incapaz de verificar que se no se atente contra el acceso a la información por la vía de los costos.

De haberlo hecho, la CEGAIP habría advertido a los legisladores desde el momento en que aparecieron los dictámenes en la Gaceta Parlamentaria o, en su caso, desde principios de año habría iniciado la acción de inconstitucionalidad como en su momento lo hicieron las CNDH y CEDH en enero de 2018.

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