Por Victoriano Martínez
La inoperancia y limitativa consulta pública puesta en marcha por la autoridad municipal para los programas de Ordenamiento Territorial (PMOTDU) y Desarrollo Urbano (PDUCP) quedó exhibida este jueves, el cuarto con audiencias públicas.
No sólo se adoptaron los términos más restrictivos en la interpretación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para hacer de su cumplimiento el paso de un inadvertido e incómodo requisito, sino que se adoptó una logística que va mucho más allá de un “te pido tu opinión, juan pueblo, rogando a Dios que no me la des”.
La primera señal de que ni siquiera le ruegan a Dios que no haya participación sino que ellos mismos actúan para que así sea es que no existe una consulta real porque la única difusión se dio en pleno periodo de fiestas decembrinas, cuando casi nadie ponía atención en los asuntos públicos.
Para consultar, los consultados necesariamente tiene que ser informados con amplitud y claridad sobre la cuestión sobre la que tienen derecho a manifestarse. No hacerlos es coartar ese derecho, y el ayuntamiento no ha hecho ningún esfuerzo por que la población sepa de la consulta.
Si después se ha hablado del tema es por la confrontación entre activistas que defienden la integridad ecológica de la Sierra de San Miguelito, por todos los servicios que presta a la preservación de la ciudad, y las campañas de desarrolladores inmobiliarios que echan mano de comuneros de San Juan de Guadalupe dispuestos a venderles sus terrenos.
Si bien es cierto que la consulta no se limita a si se realiza o no el proyecto Cañadas en terrenos de San Juan de Guadalupe, sino que es a todos los habitantes de la capital para que se pronuncien sobre la ciudad que quieren y planteen los problemas que pudiera haber en todos sus rumbos, la preservación de la Sierra de San Miguelito ha tenido el efecto de que se sepa de la consulta.
Representantes de más de una decena de colonias del sur de la ciudad participaron este jueves en la consulta y, con lo primero que se toparon, fue con un dato revelador: la autoridad municipal no no esperaba mayor participación –claro, si no promueve la consulta– al grado de que sólo contaba con 30 fichas de turno para los participantes. Obvio, resultaron ampliamente insuficientes.
Presidentes de juntas de mejoras, organizaciones sociales y comuneros en desacuerdo con la urbanización de la Sierra de San Miguelito trabajaron en los últimos días para sortear otras limitaciones impuestas en la consulta.
En primer lugar, trabajaron en la interpretación de la convocatoria, su documentación anexa y las dificultades para atender los requerimientos del formato. Tan mal diseño tiene la consulta, que después de tres audiencias públicas debieron corregir los formatos de participación. Algo que mutila el periodo de 31 días de la consulta.
Informar, explicar y asesorar en el llenado de los formatos de participación –labor que le corresponde a la autoridad que convoca a la consulta– fue el trabajo que en conjunto realizaron organizaciones civiles y juntas de mejoras, con un papel destacado del Frente Amplio Opositor.
De ahí se desprendieron planteamientos en su mayoría sobre la Sierra de San Miguelito por las inundaciones al sur de la ciudad provocadas por lo urbanizado hasta ahora, pero también sobre otros aspectos urbanos como problemas de regularización de fraccionamientos, el sistema de drenaje o el uso de suelo en otros rumbos, como en los terrenos de la Industrial Minera México.
Lo limitado de periodo de consulta, con cuatro horas por semana para la recepción de planteamientos, quedó exhibido este jueves con la participación de colonos, comuneros y organizaciones civiles que –con su participación– demuestran que si se hiciera una efectiva y masiva difusión de la consulta, en todos los rumbos de la ciudad despertaría el interés por participar.
Varios presidentes de juntas de mejoras solicitaron por escrito la ampliación del plazo y realizar sesiones en plazas públicas los fines de semana por todos los rumbos de la ciudad en las que se explique a detalle los objetivos de la consulta y se simplifique la forma de participar.
Las fallas de logística –comenzando por formatos erróneos e información inaccesible– se traducen en una limitación al derecho de participación de los habitantes de la ciudad, incluso con tintes discriminatorios.
Una situación que incluye a los comuneros de San Juan de Guadalupe que, lejos de acudir con planteamientos a la consulta –por falta de información seguramente– se limitan a tratar de evitar la participación de otros por consigna inmobiliaria.
La autoridad municipal aún podría corregir las deficiencias de la consulta, a menos que su idea sea un “te consulto, pero por favor, no te pronuncies”.
