Eduardo Delgado
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) aprobó pedir al Congreso del Estado iniciar el procedimiento de suspensión y revocación de mandato contra cinco miembros del cabildo de Villa de Reyes, incluida la presidenta municipal, luego de haber incumplido por segunda vez la sentencia de ese órgano jurisdiccional.
Este jueves, los magistrados confirmaron que a las regidoras María Consuelo Zavala González (PRI), Alma Graciela Segura Hernández (PCP) y al regidor Carlos Gerardo Espinoza Jaime (PR), les ofrecieron como oficinas espacios insalubres en “La Casa del Campesino”, luego de que antes les asignaron un granero.
De manera unánime, las magistradas Yolanda Pedroza Reyes, Dennise Adriana Porras Guerrero y el magistrado Rigoberto Garza de Lira, dieron por incumplido su acuerdo aprobado el 17 de febrero del año en curso y por ende la sentencia dictada el 29 de noviembre del 2019, razón por la que esta vez acordaron solicitar al Poder Legislativo emprender el procedimiento de suspensión y revocación de mandato de la alcaldesa perredista, Erika Irazema Briones Pérez, de tres regidores y de la síndica.
En octubre del año anterior las regidoras y el regidor requirieron oficinas y su petición fue desechada en sesión de cabildo el día 14 de ese mismo mes. En desacuerdo promovieron el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado en el tribunal con la clave TESLP/JDC/58/2019.
El 29 de noviembre de 2019 las magistradas y el magistrado electoral determinaron que el hecho de que no se le provea de un espacio físico para el desempeño de las funciones “les restringe de manera significativa sus derechos político-electorales…en su vertiente de su derecho a desempeñar el cargo por el cual fueron electos”.
En aquella sentencia, el órgano jurisdiccional presidido por la magistrada Yolanda Pedroza emplazó a los miembros del cabildo a dotarles de una oficina y materiales. Derivado de ello les ofrecieron espacios en silo e inconformes se quejaron por el incumplimiento de sentencia.
En febrero de este año los magistrados electorales confirmaron el primer incumplimiento de su condena y este jueves la segunda. Esta vez advirtieron que “las evidencias remitidas por el Ayuntamiento para acreditar el cumplimiento no resultan idóneas, suficientes ni mucho menos, óptimas para prestar el servicio público”.
Además, señalaron, según la fe de hechos levantada por una fedataria, la cual anexó fotografías en las que “se aprecia que existe condiciones adversas en el inmueble, por la presencia de mucha basura, se perciben olores fétidos, condiciones de humedad, heces fecales y orines, tanto de animal como de humano, paredes a punto de colapsar, sanitarios sin agua, sucio y sin energía eléctrica”.
Los magistrados determinaron este jueves que el hecho de no proporcionarles en dos ocasiones oficinas dignas a los regidores “revela una actitud velada para retrasar el cumplimiento de la sentencia” y “la clara intención de humillar y exhibir a los inconformes”.
Por ello aprobaron hacer efectivos los apercibimientos aprobados el 17 de febrero, consistente en una multa de 100 Unidades de Medida de Actualización, equivalente a 8 mil 688 pesos, a cada uno de los miembros del cabildo, excepto a los demandantes.
Además, acordaron “dar vista” al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana “para que tome nota y actualice el padrón de personas pendientes del pago de multas, lo que conlleva un requisito de inegibilidad para ser candidato en el próximo proceso electoral”.
También avalaron enviar al Congreso del Estado su petición de inicio del procedimiento de suspensión y revocación de mandato de los responsables, “concediéndole 15 días naturales para que informen de las providencias tomadas”.
Con la presencia a distancia de la magistrada Dennise Porras, el tribunal celebró este día su sesión ordinaria número, en la que además aprobaron la acumulación de los expedientes promovidos por dos miembros de Morena, en contra del acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, por el que se decretó la suspensión de la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena, publicada el 30 de marzo del año en curso.
