Por Eduardo Delgado
Si una magistrada sufre acoso laboral y otro magistrado se siente intimidado… “¿Qué está pasando en el Tribunal Electoral de San Luis Potosí?”, se cuestionaron integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e hicieron notar que en el Senado de la República “no se ha hecho absolutamente nada”, para revisar si no funciona y proceder en consecuencia.
Lo anterior como parte de la discusión que sostuvieron el pasado miércoles, durante la sesión en la que desecharon, con cinco votos a favor y uno en contra, el juicio promovido por el magistrado del tribunal estatal, Oskar Kalixto Sánchez, por haberlo presentado fuera de tiempo.
El magistrado federal Flavio Galván Rivera planteó: “Si una magistrada, como resolvimos en Juicio Ciudadano (el pasado 30 de marzo), sufre acoso laboral y no puede cumplir sus funciones… y ahora uno de los magistrados se siente intimidado y considera que su autonomía e independencia y que todos los derechos constitucionales de que debe disfrutar para el ejercicio de su función, no son respetados… ¿Qué está pasando en el Tribunal de San Luis Potosí?”.
Oskar Kalixto formuló el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, contra la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, a quienes atribuyó “acciones intimidatorias y persecutorias”, en perjuicio de su función.
De cuyos actos consideró que el más grave fue la irrupción de agentes de la fiscalía electoral en el tribunal estatal el pasado 15 de abril.
Los seis magistrados de la Sala Superior coincidieron en desechar la demanda, aunque Flavio Galván objetó que no la debían admitir “porque no se trata de un asunto electoral y no por ser extemporánea”.
Aunque en su primera intervención, la cual origino el debate, expuso argumentos del quejoso, en el sentido de que ha sido víctima de actos constantes, permanentes y vigentes, “por tanto la demanda es oportuna”.
Además, añadió, de que el magistrado potosino confirmó la intervención de la FEPADE el 26 de mayo, cuando por escrito recibió respuesta del magistrado presidente, Rigoberto Garza de Lira, a quien le pregunto “si tenía información oficial de los actos ocurridos el 15 de abril”.
Garza de Lira le contestó que la FEPADE le negó la información, pues le argumentaron que era clasificada.
No obstante le adjuntó una nota informativa, publicada en el diario El Universal, en la que el fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, admitió que personal a su cargo ingresó al TESLP.
Por ende, según Oskar Kalixto, las violaciones a sus garantías constitucionales siguen y “ahora con la certeza” de la intervención de fiscales electorales, a los que atribuyó actos “ilegales, que impiden, restringen y menoscaban el desempeño de mi función, al generar un ambiente de persecución en mi contra, mediante entrevistas, comentarios y notas periodísticas”.
Adujo que la magistrada Yolanda Pedroza “introdujo al tribunal a personas con aspecto policial, unos armados, la mayoría con uniformes y chaleco antibalas, los cuales, sin identificarse, sin ofrecer una explicación ni mucho menos solicitar permiso, irrumpieron en las oficinas”
Sostuvo que la presencia de agentes generó temor e incertidumbre en el personal, en el presidente y en él, “porque deambulaban por el edificio” y que eso interrumpió las actividades ordinarias.
Flavio Galván precisó que el asunto de fondo “son las acciones, dice el actor, intimidatorias y persecutorias, que violentan los principios de autonomía e independencia con que debe gozar como magistrado”.
Lo que a su parecer “no es materia electoral” si no una Controversia Constitucional entre la FEPADE y el TESLP, “pero no existe esa viabilidad constitucional en este momento”.
El propio titular de la FEPADE, añadió, refutó el juicio pues advirtió que conforme a la ley de medios es improcedente porque los actos reclamados no tienen naturaleza electoral.
También justificó la intervención de la fiscalía a raíz de la denuncia presentada por la magistrada Yolanda Pedroza, derivada de “los actos de violencia que sufrió por parte de los dos magistrados y del Secretario General de Acuerdos”.
“A petición de la magistrada y en virtud de que las diligencias se practican en el lugar de los hechos, el 15 de abril agentes de la FEPADE llevaron a cabo las diligencias para integrar la investigación”, acotó.
Aseveró que al llegar el personal se identificó y entró previa autorización de la magistrada.
Sostuvo además que el acto reclamado “reviste carácter administrativo pues quienes practicaron las diligencias fueron servidores públicos”, abundó y todo caso se trata de “actos administrativos y en su caso penal, pero no electoral”.
“Coincido con el fiscal no son actos electorales, por tanto la controversia no queda en el ámbito de competencia de este tribunal y por ello se debe inadmitir la demanda”, precisó Flavio Galván.
Alertó que si el TESLP no funciona de manera eficaz “significa, por lo que dice el actor en este caso y lo que quedo probado en el otro juicio, que no pueden funcionar como órgano colegiado”.
Por ende “el Senado debe revisar la estructura y funcionamiento del tribunal y tomar la determinación conforme a derecho”, juzgó.
Enseguida Salvador Nava Gomar, el magistrado ponente, sostuvo que el juicio fue promovido al margen del plazo establecido, pues Oskar Kalixto “se duele de hechos del 15 de abril y, después de que le pide al presidente que le explique, se viene a quejar del oficio del 26 de mayo en que hace alusión a los hechos del 15 de abril, en los que él estuvo presente”.
El magistrado Pedro Esteban Penagos López recordó que el 30 de marzo de este año “se determinó que contra la magistrada había acoso laboral y en este caso se aduce que hay intimidación laboral; lo cierto es que no se tiene el funcionamiento adecuado de ese tribunal”.
“Acoso e intimidación hacen que el tribunal no funcione y por ello comparto que se trata del funcionamiento del órgano jurisdiccional electoral y no veo que no esté relacionado con la materia electoral”, agregó.
En su segunda intervención, Flavio Galván expuso que en el caso anterior la magistrada se quejaba de sus compañeros no le permitían cumplir sus funciones, que le clausuraron su oficina, le impidieron el paso y hurgaron en su computadora”.
“Son dos asuntos totalmente diferentes: el magistrado (Oskar Kalixto) se queja de acciones intimidatorias y persecutorias”.
Salvador Nava le refutó: “No veo la diferencia; hay un ambiente de hostilidad que impide las labores y la materia es electoral, pero no entro al estudio de ello porque es extemporáneo. Hay más similitudes que diferencias. Es un asunto distinto pero derivados de una lamentable y misma cadena de hechos”, resumió.
A su vez la magistrada María del Carmen Alanís opinó que si es asunto electoral, sobre todo luego de que en el caso anterior “esta sala resolvió, por unanimidad, la responsabilidad del presidente, de Oskar Kalixto y de un funcionario, y dimos vista al Senado”, añadió.
Esta vez, comentó, “me encantaría dar vista también, porque en el Senado parece que no se ha hecho absolutamente nada” y como prueba de ello mencionó que la legisladora, Martha Tagle Martínez, presentó ese mismo día una proposición como punto de acuerdo para exhortar a la mesa directiva a dar trámite al caso.
