José de Jesús Ortiz
En una audiencia que se retrasó más de tres horas, este martes continuó el juicio oral en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, en el cual la Fiscalía General del Estado presentó el testimonio de cuatro testigos que no aportaron evidencias o elementos probatorios para inculpar al exfuncionario de Salud en el delito que se le acusa de ejercicio abusivo de funciones, algunos de ellos cayeron en contradicciones al momento de ser contrainterrogados.
En esencia, el testimonio de los cuatros testigos ofertados por la FGE como órganos de prueba ante el Tribunal de Enjuiciamiento consistió en establecer que en la compra de 193 tambos de 208 litros del plaguicida para combatir el dengue realizado por los Servicios de Salud en abril de 2020 a la empresa regiomontana Public Health Supply, el producto nunca ingresó al almacén general de la dependencia, ni al de las jurisdicciones sanitarias que supuestamente lo recibieron.
En la audiencia de este martes realizada en la Sala Seis del Centro de Justicia Penal de La Pila, la Fiscalía presentó como órganos de prueba los testimonios de Juan Manuel Mata Moreno, Rogelio Martínez Rodríguez, César Alfonso Zambrano Gómez y Enrique Nieto Moncada, todos empleados de los Servicios de Salud en el Estado en diversas áreas y jurisdicciones sanitarias, quienes ofrecieron testimonios coincidentes en los que se expuso que el plaguicida líquido —con base en una sustancia química conocida como clorpirifós— nunca fue entregado a los Servicios de Salud.
Dicha compra simulada del plaguicida para combatir al dengue en el contexto de la epidemia de covid-19, es parte esencial de la acusación que sostiene la Fiscalía en contra de Lutzow Steiner por su posible participación, en grado de coautoría, en esa supuesta compra en la época en que fue director de Salud Pública, lo que supuso una afectación al erario fue por más de 32 millones de pesos.
En la audiencia, de acuerdo al orden establecido en la apertura del juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento pidió de manera inicial la comparecencia como testigo de Juan Manuel Mata Moreno, actual jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores de los Servicios de Salud (sucesor del anterior responsable de esa área, Juan Francisco N.,), quien al responder al interrogatorio de la representante de la Fiscalía expuso que el 23 de noviembre de 2021 (poco más de un mes después de asumir el cargo) recibió un correo electrónico de la Subdirección Operativa de la dependencia en la que se le requería información sobre la entrega del plaguicida en seis de las siete jurisdicciones sanitarias en el estado. Todo ello motivado por las observaciones que había realizado a la dependencia la entonces Auditoría Superior del Estado por la compra simulada en abril de 2020.
En la respuesta a dicho correo, informó que revisó la información y encontró una justificación de su antecesor por el uso del plaguicida en la epidemia del covid, así como vales firmados por representantes de seis jurisdicciones sanitarias que supuestamente acreditaban haber recibido diversas cantidades de la mercancía, en tambos de 208 litros. Ante ello, pidió a las jurisdicciones sanitarias que verificaran si en la fecha en que se había establecido la entrega del producto éste se recibió.
Aseguró que los representantes de las jurisdicciones sanitarias rechazaron haber recibido el producto y desconocieron sus firmas en los vales. “Con esa información revisaron el archivo y no encontraron entrada y salida del plaguicida”. También, señaló que el almacén general de los Servicios de Salud ubicado en Avenida de la Paz, en el Barrio de Tlaxcala, así como en las bodegas de las jurisdicciones sanitarias no se cuenta con la capacidad para recibir tal cantidad de producto.
En su turno, la defensa jurídica del acusado a cargo de Alejandro Manríquez Laguna, titular del despacho MLegal, hizo un duro contrainterrogatorio al testigo, que exhibió algunas contradicciones.
—Con certeza ¿puede afirmar que no son las firmas de los vales?, le inquirió.
—No me consta—, respondió.
Cuestionó la afirmación de que los tambos del plaguicida entregado en diversas cantidades a las jurisdicciones sanitarias no podían haber sido almacenados en sus bodegas y en el almacén central, y preguntó si eso mismo había sostenido en la declaración que en su momento le tomó el agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación. “Estoy seguro de lo que vengo a responder… lo que digo es lo mismo que declaré al Ministerio Público”.
Posterior a ello, el abogado defensor pidió autorización al Tribunal de Enjuiciamiento para evidenciar contradicción: le mostró al testigo la declaración que rindió ante el Ministerio Público el 15 de enero de 2022 y le pidió leer una parte subrayada en amarillo.
—¿Eso que tiene es su declaración?
—Sí.
—¿En qué parte dice que los tambos no cabían en las jurisdicciones?
—Aquí no está.
—¿Por qué no está?
—Porque estaba implícito.
—¿Lo dijo o no?
—No está.
—¿Usted fue a medir los lugares?
—No los medí.
—¿Dijo a ojo de buen cubero no caben?
—Si se puede utilizar esa frase coloquial, sí.
Posterior a ello, se presentaron las comparecencias de los otros testigos ofertados por la Fiscalía. En su turno, Rogelio Martínez Rodríguez, jefe de brigada en los Servicios de Salud, dijo que, al momento de la compra simulada del plaguicida, trabajaba en la Jurisdicción Sanitaria Número 1 (con sede en la capital potosina) como encargado de almacén, cargo que desempeñó de 2019 a 2023.
En las respuestas al interrogatorio de la Fiscalía, explicó el proceso para la entrada y salida de mercancía del almacén, el uso de vales para acreditar dicho trámite con los requerimientos que exigía el formato interno de la dependencia, así como las diferencias con los vales a nivel estatal. Dijo que al momento de la compra del plaguicida su jefe era el responsable del área de vectores de la Jurisdicción Sanitaria 1 y actualmente lo es el jefe de esa área a nivel estatal, quien lo antecedió como testigo en la audiencia.
También, expresó que el asesor jurídico de la dependencia le informó de un vale que no reconocían (por la entrega del citado plaguicida), el cual se podía distinguir por los logotipos diferentes usados a nivel estatal y en la Jurisdicción Número 1. Y advirtió que la persona que firmaba dicho vale, Enrique Nieto Moncada, desconoció como suya la firma al no coincidir con la del documento.
En su turno, la defensa del acusado lo cuestionó:
—¿Usted tiene estudios para reconocer una firma?
—No.
—¿Y por qué afirmó que no era la firma?
—Porque era muy obvia.
—¿Y el vale cómo cercioró que no era original? ¿le hizo una prueba?
—No.
Después, se dio la comparecencia de los dos últimos testigos, César Alfonso Zambrano y Enrique Nieto Moncada. El primero dijo ser responsable del departamento de vectores de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 desde 2013, quien coincidió en que nunca se entregó a esa dependencia el citado plaguicida, además de reiterar que se falsificaron las firmas en los vales para acreditar la supuesta entrega del producto, a nombre de su compañero Nieto Moncada, todo ello en 2020 cuando el responsable a nivel estatal del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores de los Servicios de Salud era Juan Francisco N. Reiteró que se hizo el mismo procedimiento de verificar la firma de los vales, con firma presente en la credencial del INE y el gafete de trabajo del empleado.
Finalmente, se presentó la comparecencia de Enrique Nieto Moncada, quien dijo haberse desempeñado como técnico administrativo en la Jurisdicción Sanitara Número 1, de la cual salió en 2023 para incorporarse a la Número 3 con sede en Soledad de Graciano Sánchez.
En términos generales, ratificó lo expuesto por los anteriores testigos sobre la información que les fue requerida para verificar la entrega del plaguicida como parte de la investigación realizada por Juan Manuel Mata y sostuvo que en aquél momento corroboró que no era suya la firma que aparecía en un vale emitido el 27 de abril de 2020 para acreditar la supuesta entrega a la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de seis tambos del plaguicida, lo cual nunca sucedió.
Sobre estos dos últimos testigos no hubo ya interrogatorio por parte de la defensa del acusado.
Tal como quedó establecido en la primera audiencia del juicio oral, el Tribunal de Enjuiciamiento estableció que la oferta probatoria de las partes se desahogara al menos en cinco audiencias más (hasta ahora se han realizado las dos primeras); la siguiente se realizará el próximo martes con la comparecencia de cuatro testigos más aportados por la Fiscalía.
