José de Jesús Ortiz
La noticia apareció este jueves en los medios de comunicación locales: Minera San Xavier clausurada por el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ante su incumplimiento a diversos trámites administrativos de funcionamiento. Nada nuevo, ya antes ha habido al menos otra clausura y muchos otros incumplimientos a mandatos jurídicos y administrativos. En todo caso se trata solo de un eslabón más de la larga cadena de omisiones, ilegalidades e impunidad, registradas durante más de dos décadas desde que esa empresa de capital canadiense se instaló en Cerro de San Pedro para sacar adelante su proyecto minero, que comenzó a explotar en 2007.
En estos años, son muchas las historias que se cruzan a partir de la llegada de Minera San Xavier a mitad de los años noventa, pero en todas ellas hay un punto en común: la fragilidad del Estado de derecho en el país (hoy tan defendido por ciertas élites que antes lo pisoteaban) que hizo posible que este proyecto saliera adelante y la imbricación del poder político y económico, que actuó como uno solo en beneficio de la empresa canadiense.
Desde 1995 cuando Minera San Xavier llegó a Cerro de San Pedro para realizar exploraciones de oro y plata y gestionar luego los permisos para operar, inició casi a la par un movimiento social de rechazo al conocerse las implicaciones ambientales del proyecto de minería a cielo abierto, inédito en San Luis Potosí.
Un movimiento de defensa del Cerro de San Pedro que comenzó a articularse desde que se conoció la información de los daños posibles reconocidos por la propia empresa en su estudio inicial de impacto ambiental, por el uso masivo de cianuro para el proceso de lixiviación y el riesgo de filtración al acuífero; por el uso de miles de explosivos para demoler el cerro apenas a algunas decenas de metros del pueblo histórico; o por el uso diario de millones de litros de agua en una zona con el acuífero sobreexplotado.
Además de sus impactos ambientales, el proyecto implicaba la afectación de las construcciones del pueblo histórico, origen de la fundación de San Luis en 1592. Un pueblo epicentro también de la revuelta popular en 1767 –semanas antes de la expulsión de los jesuitas de los territorios del imperio español–, aplastada sin concesiones por la Corona que condenó a la decapitación pública, al suplicio y al destierro, a varias centenas de rebeldes originarios de ese pueblo.
Nada de esa historia importó a los gobiernos rapaces del foxismo y del calderonismo que a nivel federal otorgaron las autorizaciones para la operación de dicho proyecto minero, como tampoco importó al gobierno estatal de Marcelo de los Santos y antes al de Fernando Silva Nieto, simples cabilderos de los intereses de la empresa.
El de Minera San Xavier fue además la puesta en marcha de un proyecto que sirvió a nivel nacional como un modelo, el norte, para establecer el modo de operar de las empresas mineras extranjeras: a partir de la apropiación de tierras, de la división de las comunidades, de la corrupción y complicidad de autoridades estatales y federales, de la persecución de activistas y defensores de derechos humanos, del respaldo de las élites políticas y económicas (pero también académicas con su saber técnico) y el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos que en sus encuadres periodísticos, el frame noticioso, estigmatizaron los procesos de lucha social que se libraban contra la minería depredadora. Todo eso se presentó y vivió en el caso de Cerro de San Pedro.
En estas más de dos décadas desde la llegada de la empresa canadiense, hay muchas historias que acompañaron el conflicto, como fue el asesinato del alcalde Baltazar Lorero (1997) luego de denunciar la presunta compra irregular de propiedades en Cerro de San Pedro por parte de la minera; el papel de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y algunos de sus principales investigadores, que en los hechos sirvió para legitimar el proyecto minero a través de un estudio técnico encargado por el gobernador Fernando Silva Nieto; las presiones y amenazas ejercidas desde diversos frentes (en particular desde el gobierno de Marcelo de los Santos y Vicente Fox) para arrodillar al gobierno municipal que encabezaba Oscar Loredo, hijo de Baltazar; el rol desempeñado por la Iglesia católica durante la etapa inicial del conflicto, en particular a través del sacerdote Margarito Sánchez y su postura sin titubeos contra la minería a cielo abierto plasmada en el Plan Pastoral 2001-2004; o el papel de las élites económicas, que a través de las cámaras patronales intervinieron de manera activa para sacar adelante dicho proyecto. Todo ello, parte de la historia reciente en San Luis Potosí.
“La minera influyó mucho en sus trabajadores y los violentó, desde el principio tuvo la tendencia de ser un actor para la polarización de la comunidad y aunque no lo diga explícitamente, sembrar la semilla de la discordia y del odio en la comunidad”, denunciaba el sacerdote Margarito Sánchez, años después de iniciada la operación de Minera San Xavier, cuando la empresa le ofreció desempeñar un papel central en la comunidad, bajo de la figura de un patronato que realizaría supuestas obras de beneficio social. “No valía la pena, hubiera sido un mercenario de haber aceptado”, recordaba, luego de ser reubicado de la parroquia de Cerro de San Pedro por la jerarquía eclesiástica, que gradualmente abandonó esa postura de rechazo al proyecto minero.
El caso de la defensa de Cerro de San Pedro fue también el de un movimiento de defensa del territorio surgido desde la sociedad civil y desarrollado a contracorriente: en medio de la apatía social, de la desarticulación de las luchas sociales, de la dificultad para acceder a los medios de comunicación tradicionales, de la estigmatización del movimiento opositor, de la persecución de activistas y el avasallamiento a partir de la red de complicidades entre el poder político y económico.
Un movimiento de resistencia en defensa del patrimonio de Cerro de San Pedro, aglutinado en el Frente Amplio Opositor, en el que convergieron una gran cantidad de activistas y colectivos, y que dejó enseñanzas de lucha (de organización social, jurídicas, mediáticas) retomadas por múltiples procesos en contra de otras empresas mineras en diversas partes del país. Pero también, un movimiento social que heredó lecciones y aprendizajes para movimientos y luchas como la que ahora se libra por la defensa de la Sierra de San Miguelito ante la amenaza del proyecto de depredación ambiental que se intentaba (se intenta) desarrollar en más de dos mil hectáreas, detenido hasta ahora por un decreto federal. Esa es también una victoria del movimiento de defensa de Cerro de San Pedro.
A 15 años de que la minera canadiense comenzara su operación en Cerro de San Pedro –concluida en 2016–, y más allá de la clausura de la empresa por cuestiones puramente administrativas, convendría revisar el estado que guarda la remediación del sitio al que está obligada la empresa (y de lo cual la Secretaría del Medio Ambiente debe informar) e investigar los daños a la salud generados o no en las comunidades. Pero también, convendría investigar el papel que en su momento desempeñaron muchos actores políticos que hicieron posible la operación de esta empresa, desde la complicidad y acaso desde la corrupción. Todo ello, como parte de la recuperación al fin de una memoria colectiva reciente y una lucha contra el olvido.
