José de Jesús Ortiz
Seis meses después de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente la República, integrantes del Movimiento Huasteco Democrático (MHD) le enviaron un documento donde expusieron diversas anomalías registradas durante décadas en el sistema de riego Pujal-Coy.
Reiteraron su exigencia de practicar una auditoría pues denunciaron que “políticos y funcionarios corruptos de las mismas instituciones encargadas del reparto de tierra” las acapararon o vendieron; además, exigieron la atención a múltiples problemas sociales en la región.
Los integrantes del MHD señalaron que la corrupción imperó en las acciones del sistema de riego del Pujal-Coy y “otra vez se volvió al latifundismo disfrazado” con el que se han beneficiado los caciques de la región y se ha afectado a indígenas y campesinos.
“Exigimos se investiguen los condueñazgos y que estos sean devueltos a los pueblos originales. Ya tenemos muchos años solicitando las tierras de terrenos nacionales y no se ha hecho por interés de servir a caciques de la región de dudosa reputación”, reclamaron.
El documento fue entregado a la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República y aparece como responsable Saíd López de Olmos -recluido desde junio de este año en el centro penitenciario de La Pila- y la firma anexa de 3 mil 372 integrantes o simpatizantes de esa organización.
López de Olmos —un dirigente que participó en la lucha social del Campamento Tierra y Libertad que encabezara Eusebio García en la década de 1970— fue detenido el pasado 1 de junio, luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutó la orden de desalojo de cuatro ranchos que habían sido invadidos. En el operativo realizado con el apoyo de la Guardia Civil Estatal, se detuvo también a una docena de integrantes del MHD acusados de los delitos de despojo y asociación delictuosa. Los ranchos que estaban invadidos eran El Sabino, La O, La bolsa o Mancornados, y Ciruelos, ubicados en el municipio de San Vicente Tancuayalab.
En la carta enviada a la Presidencia de la República, el MHD advirtió que continuarían las acciones de protesta para lograr que se atendieran sus reclamos: “No somos partidarios de la violencia, pero sí de la resistencia hasta donde tope, en el camino para alcanzar un verdadero cambio en el lastimoso estado de cosas que perduran”.
Además, puntualizaron:
“Venimos a pedir coherencia y congruencia en la decisión de designar el 2019 como el año de Emiliano Zapata. Pedimos que no quede solo en una frase suelta al final de documentos oficiales como un homenaje subjetivo al Caudillo del Sur, sino que sirva para que sus postulados inspiren acciones concretas en el gobierno, para resarcir todo aquello que quedó en el papel y palabras a lo largo de décadas de gobiernos neoliberales que se apropiaron de los principios de la Revolución Mexicana solo para revertir lo avanzado y regresar al acaparamiento de tierras, a la concentración de las riquezas en unas cuantas manos”.
El documento continúa: “Un claro ejemplo de ese extravío de los objetivos de Emiliano Zapata es el sistema de riego Pujal-Coy, en la Huasteca potosina y parte de Tamaulipas y Veracruz. Por lo que políticos y funcionarios corruptos de las mismas instituciones encargadas del reparto de tierra y distribución de servicios, las acapararon o las vendieron”.
El sistema Pujal-Coy fue un proyecto de riego del gobierno echeverrista, con el que se buscó cambiar la vocación de la tierra (de ganadera a agrícola) y hacer una zona de riego inmensa de más de 300 mil hectáreas, la más grande de América Latina. Desde la década de 1970 comenzaron a expropiarse grandes extensiones de tierras para ser entregadas a diversos núcleos agrarios, un proceso acompañado siempre de denuncias de corrupción, como las ha planteado el MDH durante décadas.
“La corrupción imperó en las acciones del sistema de riego y los menos favorecidos son los campesinos e indígenas, es decir, otra vez volvió al latifundismo disfrazado, los caciques, los coyotes que se apropian de las cosechas y el panorama es incierto”, denunciaron.
Del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador —que en junio de 2019 tenía poco más de seis meses de haber asumido el poder—, expresaron su confianza y esperanza para que “en el marco de la Cuarta Transformación nos haga justicia, nos devuelva los derechos vulnerados de la verdadera justicia, a la educación de calidad, a la salud, al respeto de los pueblos originarios, a la gente que subsiste en las ciudades entre penurias, en la seguridad, en la esperanza”.
Finalmente, entre otros puntos, reiteraron su exigencia para que el Gobierno Federal realizara una auditoría al Pujal-Coy “para desnudar a los que hoy son los ganones del proyecto”, pues advirtieron que al menos cinco mil hectáreas “están perdidas, en manos de corruptos”.
Los reclamos del MHD para auditar el sistema Pujal-Coy no son nuevos, al menos desde la década de 1990 eran parte central de sus exigencias, lo cual motivó que en 1996 cientos de campesinos realizaran una huelga de hambre en el ejido La Marina, cercano a Ciudad Valles, desactivada luego de dos días y un acuerdo con el gobierno estatal de la época para realizar dicha auditoría.
