Estela Ambriz Delgado
El caso del Ejido La Victoria, en el municipio de Santo Domingo, donde se pretendía hacer un basurero industrial en un predio conocido como “Palula”, es un ejemplo de éxito en la utilización de los peritajes culturales, pues el proyecto fue frenado mediante un juicio en el que se portó esta prueba.
En el marco de las XIII Jornadas sobre Peritaje Antropológico, el investigador Francisco Peña de Paz, del Colegio de San Luis (Colsan), junto con habitantes del ejido, expusieron este conflicto en el que diversas comunidades pertenecientes a Santo Domingo se organizaron para impedir que el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU), del magnate de la minería José Cerrillo Chowell, realizara la construcción del tiradero tóxico y la relevancia del peritaje cultural para impedir el devastador proyecto.
El doctor Francisco Peña señaló que es importante revisar las potencialidades del peritaje cultural, no sólo como herramienta jurídica, pues debe adecuarse al contexto social e histórico al abarcar más allá de una cuestión de litigio y los tribunales, sino también como un espacio de construcción de conocimiento dialogado y de fortalecimiento comunitario.
Señaló que en general se observa al peritaje como si fuera un asunto de expertos académicos, cuando en realidad el conocimiento se construye a partir de la información proporcionada por los habitantes de las comunidades, mediante un diálogo de saberes.
En este sentido, el catedrático indicó que en el caso del tiradero de Palula, como en el proyecto que realiza sobre Trasvases y justicia hídrica, se recurrió a peritajes comunitarios, a partir del eje de conocimiento que se hace en la cooperación y diálogo del conocimiento, así como la incidencia entre equipos de investigadores y las personas conocedoras de las comunidades.
“Los peritajes comunitarios tienen la finalidad de articular conocimientos dialogados que recuperen el desarrollo local, identificar responsabilidades sociales técnicas y económicas, y construir argumentos comunitarios que sostengan la acción transformadora de mediano y largo plazo, es decir, que la comunidad mantenga un programa de restitución de los derechos y condiciones de su territorio”.
Palula, un caso de éxito en el peritaje cultural
Para ejemplificar este diálogo de saberes, Peña de Paz hizo mención de diversos aspectos observados durante la investigación en el ejido La Victoria como parte del peritaje cultural que se realizó para aportar como prueba, en el juicio emprendido por los abogados de la Clínica de Litigio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
“Encontramos que ellos tenían un conocimiento experto de la configuración hidrológica de la región (…) pusieron en duda y medio en ridículo a los expertos que habían puesto los de la empresa y que habían llevado a la Semarnat en estas manifestaciones de impacto ambiental, explicando por qué no era verdad que si se enterraban ahí los desechos tóxicos no iba a haber ninguna afectación sobre un recurso”.
Edgar, uno de los ejidatarios de La Victoria, relató la historia de la lucha que llevaron desde 2015 hasta 2018, para frenar la construcción del tiradero que pretendía confinar hasta 185 mil toneladas anuales de desechos tóxicos.
“El mismo Ayuntamiento de Santo Domingo ya habían dado el permiso de cambio de uso de sueldo para que se pudiera construir, o sea, que la empresa ya tenía prácticamente todo y lo único que les faltaba era empezar a excavar (…). La duda de nosotros era ¿entonces los que vivimos ahí no valíamos?, ¿o por qué hacernos eso? Tuvimos varios diálogos con la empresa y muchas veces insistieron en que era bueno, al grado de decir: no lo llamen basurero tóxico, es un confinamiento industrial”.
Respecto a los peritajes, el ejidatario consideró positivo que se realizaran, pues les favorecieron y además se evitó con ello un conflicto social mayor, pues la gente estaba decidida a hacer lo que fuera por defender su tierra y su modo de vida con actividades como la agricultura y ganadería. Sin embargo, continúan en pie de lucha, pues además de ese proyecto, existen otros que los amenazan.
“Sentimos que ganamos la lucha, pero todavía somos guardianes del territorio. Sabemos que estamos expuestos en nuestra región a megaproyectos que en nada benefician a la comunidad, como la explotación de Litio, y hemos escuchado todavía amenazas del basurero de derechos tóxicos (…) que quieren volver a intentarlo. Afortunadamente ya todos nos volvimos guardianes y estamos decidimos a dar la lucha, si es eso es necesario”.
