Por Victoriano Martínez
Cuando en el sexenio del timing los políticos hablan de urgencia, ya estuvo que la señal es que el asunto al que se refieren se retrasará lo más posible.
Al día siguiente de la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola como Fiscal Anticorrupción, el diputado Rubén Guajardo Barrera advirtió que al dejar acéfala esa área se entorpecería el combate a la corrupción y llamó a que “a la brevedad” el gobernador enviara al Congreso del Estado la terna para nombrar al sustituto.
A siete días de la renuncia, el diputado Martín Juárez Córdova consideró urgente el nombramiento.
A 14 días de la renuncia, el entonces contralor general del Estado, Gabriel Rosillo, también señaló la urgencia del nombramiento para no entorpecer, dijo, “el proceso de consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción”.
A 143 días de aquel 31 de enero, cuando Vera Noyola renunció, ahora es la diputada Sonia Mendoza Díaz quien señala la urgencia del nombramiento para que “le dé seguimiento a todas las denuncias tanto civiles como de agrupaciones o de la sociedad civil que están detenidas prácticamente porque no hay un responsable o un titular de esa área”.
Desde el 7 de febrero, siete días después de la renuncia, Juan Alberto Camarillo Zavala fue nombrado encargado del despacho de la Fiscalía Anticorrupción para dar seguimiento a los trabajos de la dependencia, en tanto se resuelve el nombramiento. Es decir, el área no carece de responsable.
Afirmar que las denuncias por casos de corrupción “están detenidas prácticamente” o, como señaló Guajardo Barrera, se entorpece el combate a la corrupción, son más posturas protagónicas que se vuelven una justificación al tortuguismo con el que de por sí ha actuado Federico Garza Herrera al frente primero de la Procuraduría General de Justicia y ahora de la Fiscalía General.
Las denuncias de corrupción, tanto por la ecuación corrupta del Congreso del Estado como por desvíos y enriquecimiento del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, por citar dos ejemplos, se iniciaron mucho antes de que la Procuraduría se convirtiera en Fiscalía.
El combate a la corrupción no está detenido ni entorpecido por falta de Fiscal Anticorrupción, sino por falta de voluntad del gobernador Juan Manuel Carreras López, quien tomó como bandera de su sexenio la lucha anticorrupción, pero no ha dado una sola señal de que ese sea un compromiso real y sí, en cambio, muchas señales de saboteo al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Cuando Rosillo manifiesta preocupación porque la falta de Fiscal Anticorrupción entorpece el proceso de consolidación del SEA en realidad proyecta la intención entorpecedora desde el Poder Ejecutivo, de la que él mismo fue parte al impedir en varias ocasiones la instalación del Comité Coordinador del SEA.
Tan pudo avanzar la consolidación del SEA, que la semana pasada se nombró al secretario técnico del órgano de gobierno, aunque –otra vez los cabos sueltos que se dejan para sabotear al Sistema– con la puerta abierta a una impugnación que se presentó a menos de 24 horas del nombramiento.
Por si las justificaciones –voluntarias o involuntarias– de la inacción contra la corrupción y las simulaciones de avances en la conformación del SEA con obstáculos sembrados en cada paso no fueran suficientes para que Carreras López transite su sexenio sin mover un dedo contra la impunidad y la corrupción, bienintencionados diputados le aportan un freno más al SEA.
Desde el 27 de noviembre, con turno a comisiones el 5 de diciembre, el diputado Rolando Hervert Lara propuso una reforma constitucional para dar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción. Han pasado 200 días sin que las comisiones dictaminen, y eso que desde hace 143 días se dijo que era urgente aprobar la reforma para que en nuevo Fiscal Anticorrupción ya fuera autónomo.
Hervert Lara –voluntaria o involuntariamente–, al pronunciarse por no nombrar Fiscal Anticorrupción hasta que se reformara la Constitución le dio a Carreras López y su innegable intención saboteadora del combate a la corrupción, una razón más para dilatar el establecimiento formal de todos los elementos del sistema anticorrupción.
Hervert Lara anunció incluso que el 12 de febrero en sesión de comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales se analizaría su propuesta. A más de cuatro meses, aquello quedó en un mero desplante para aparentar que se tomaba en cuenta la urgencia.
Que una iniciativa que se planteó urgente al considerarse precondición para nombrar nuevo fiscal Anticorrupción haya cumplido seis meses en comisiones sin ser dictaminada, y ni siquiera se le haya hecho declaración de prórroga, da cuenta del concepto que tienen de urgencia.
Así se pueden acumular más y más pronunciamientos de los políticos sobre la urgencia de nombrar al Fiscal Anticorrupción –incluso con autonomía constitucional–, en tanto no se conviertan en acciones concretas, no serán otra cosa que seguirle el juego al simulado combate a la corrupción y la impunidad que caracterizan al sexenio de Juan Manuel Carreras López.
