Por Antonio González Vázquez
Por la noche del día 14 de abril 2018, José Antonio Flores empezó el penoso camino de su muerte a manos de un puñado de policías municipales. Era aún un niño, sólo tenía 14 años de edad. Hoy es Día del Niño. Hace dos semanas José Antonio aún estaba vivo. Hasta hace dos semanas sonreía y jugaba y soñaba y comía y corría y dormía…hasta que se encontró con unos policías.
José Antonio Flores fue detenido junto con su acompañante, en un domicilio del municipio de Ciudad Valles en San Luis Potosí, en el que presuntamente habían ingresado sin permiso, donde los policías abrieron a patadas la puerta del baño, los tiraron al suelo, los patearon, los golpearon con los puños por aproximadamente media hora, para posteriormente taparles la cara con su propia playera y subirlos a la patrulla para llevarlos por aproximadamente 25 minutos por la ciudad, esposados y donde sólo lograban ver un lugar “enmontado” donde nuevamente los volvieron a golpear; posteriormente, los subieron nuevamente a la patrulla para llevarlos a la Comandancia de la Policía Municipal de Ciudad Valles, donde les quitaron la ropa para mojarlos con una manguera a presión, donde recibieron descargas eléctricas en el área de las costillas, donde además les hicieron beber agua sucia y los obligaron a juntar las manos donde les echaron gasolina ordenando que se la untaran.
José Antonio Flores vomitaba mientras fue víctima de tortura por lo que a las 9:00 horas del 15 de abril fue trasladado al Hospital General de Ciudad Valles para recibir atención médica donde permaneció esposado y a pesar de la situación los (Policías) ministeriales del Hospital General lo trasladaron al Ministerio Público ingresándolo a celdas ministeriales donde permaneció detenido por 7 horas informándoles que quedaría en libertad.
Los dos párrafos anteriores corresponden al relato de los hechos y forman parte del texto que publicó la Comisión Estatal de Derechos Humanos como su posicionamiento con relación a la tortura del menor de edad, José Antonio Flores en los separos de la Policía Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí.
Luego de certificar que en efecto, hubo actos de tortura, la CEDH bajo el oficio 2VMP-0010/18 se han solicitado Medidas Precautorias a la Presidenta Municipal Interina de Ciudad Valles a fin de que se tomen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal, propiedades y posesiones de la familia de José Antonio Flores en un ambiente de respeto a sus derechos humanos.
La Comisión no pasa por alto el hecho irrefutable de que “en México los actos de tortura van en aumento, son utilizadas como una práctica sistemática en contra de personas que se encuentran en cualquier situación de detención vulnerando sus derechos a la integridad y seguridad personal. Así, el Comité Contra la Tortura ha documentado que “durante el período anterior a la entrega al Ministerio Público se infligen torturas y malos tratos a los detenidos con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias que posteriormente son utilizadas para encubrir diversas irregularidades cometidas en la detención”.
Precisa la CEDH que “hacemos un llamado contundente a las autoridades del Estado para que dicte medidas de protección a las víctimas sobrevivientes y sus familiares pues ninguna persona adolescente puede ser criminalizada y en consecuencia se vuelva a perder la vida a causa de actos de tortura; exigiendo justicia para las víctimas y la reparación del daño, desde donde estaremos vigilantes para que se brinden todas las providencias al respecto a todas las víctimas relacionas con este acto denigrante.
Demandamos que el Estado como garante y a la Sociedad como coadyuvante de los derechos de cada niña, niño y adolescente pongamos al centro estos derechos en la Entidad, pues es fundamental con sentido de urgencia y centralidad proteger y restituir los derechos que le fueron negados a José Antonio Flores, con la intención de generar avances significativos en los derechos de la infancia en San Luis Potosí, para que la infancia potosina tenga el más alto nivel posible en el acceso y realización de sus derechos”.
El posicionamiento está firmado por Jorge Andrés López Espinosa. Graciela Martínez Morales. Giselle Meza Martell. Juan Refugio Granados Naranjo. Jorge Arturo Valle Haro. Ma. Guadalupe Mendiola Acosta. Karla Beneranda Martínez Contreras. Paloma Blanco López. Martín Beltrán Saucedo. Luis González Lozano, así como por 23 organizaciones civiles nacionales y seis personas más.
