Por: Eduardo Delgado.
A dos años, siete meses de que dos elementos de la policía estatal torturaron a un par de detenidos en el municipio de Tampamolón Corona, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Jorge Vega Arroyo, emitió, con fecha de este lunes 18 de enero, la recomendación 1/2016, dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Gutiérrez García.
El 19 de junio de 2013, una de las víctimas refirió que ese día estaba en su domicilio en compañía de dos personas, en la localidad de Chiquinteco, cuando los agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado llegaron a detenerlo para interrogarlo acerca de la desaparición de un compañero de esa corporación.
El otro detenido expuso que a él lo arrestaron de regreso a su casa, luego de que acudió a dejar a su compañero a su domicilio. Dijo que los dos fueron subidos a la patrulla, de la que bajaron a su amigo con una colchoneta y que minutos después escuchó que gritaba “que no sabía nada”.
Enseguida los agentes le preguntaron a él sobre las fotografías que había tomado a las oficinas de la policía ministerial, y al decirles que no sabía, comenzaron a golpearlo con un palo en las piernas y glúteos, que le colocaron una bolsa en la cabeza, le taparon la nariz al tiempo que un policía le pegó en el estómago con su rodilla, que después lo llevaron cerca de la base de la Policía Ministerial donde le dijeron que lo iban a dejar ir pero que no dijera que había sido maltratado.
Según el parte informativo de los policías ese día, sobre el eje Xolol-Tamuín, entronque con el ejido Chiquinteco, observaron a uno de los detenidos, quien al percatarse de su presencia arrojó entre la maleza un objeto y apresuró su paso.
Razón por la que lo abordaron y verificaron que había arrojado una bolsa de polietileno y en su interior la cantidad de 11 bolsitas que contenían hierba seca con las características de la marihuana, por lo que se procedieron a su detención.
El organismo estatal obtuvo el certificado de integridad física practicado a uno de los arrestados, elaborado por el Médico Cirujano de la Jefatura de Región en Ciudad Valles de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, que corroboró diversas lesiones.
De ambos detenidos uno fue liberado y otro fue consignado a un juez penal, quien una semana después de que fue detenido, el 26 de junio de 2013, ordenó su libertad por falta de elementos.
Apenas hace unos dos meses y medio, el 28 de octubre de 2015, el Subprocurador Regional de Justicia para la Huasteca Norte dio vista al Procurador General de Justicia del Estado, para que la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, inicie la indagatoria correspondiente.
Asimismo el organismo estatal dio vista de la queja a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado como a la Procuraduría General de Justicia del Estado para el inicio del procedimiento de investigación administrativa y penal, respectivamente, “las cuales a la fecha del citado pronunciamiento se encuentran en trámite”.
En el apartado de recomendaciones el organismo precisó que “no se opone a las acciones de prevención y persecución de las conductas antisociales, sino a que con motivo de ellas se vulneren Derechos Humanos”.
Asimismo que de las evidencias que se integraron al expediente de queja “se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneraron los derechos humanos a la libertad personal, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1 y V2 por actos atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado”.
Por ende le recomendó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Gutiérrez, reparar el daño a las víctimas, que incluya el tratamiento psicológico que requieran, con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrieron los agentes.
También que colabore en integración de la Averiguación Previa Penal que se inició en la Procuraduría con motivo de la vista que realizó este Organismo sobre el presente caso, con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal contra los dos elementos.
