Abelardo Medellín
Adriana Monter Guerrero, representante común de Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández, Javier Pérez Contreras y Efraín Torres Salazar, trabajadores del Poder Judicial, anunció que promoverá una recusación con causa para que los diputados Sonia Mendoza Díaz, Paola Alejandra Arreola Nieto, Eugenio Govea Arcos, Héctor Mauricio Ramírez Konishi y Martín Juárez Córdova, no participen ni voten en el procedimiento de juicio político contra el magistrado Juan Paulo Almazán Cué.
En el documento al que tuvo acceso Astrolabio, Adriana Monter expone que estos diputados deben recusarse debido a que cuatro de ellos “guardan una estrecha relación de amigazgo con el señor Juan Paulo Almazán Cué”, y el ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, “se ha empeñado en obstaculizar férreamente nuestra intervención como demandantes”.
Adriana Monter señaló que los diputados mencionados habrían entablado una relación cercana con el magistrado durante 2017, 2018 y 2019: “se le vio continuamente animado y constantemente cercano a dichos personajes, haciendo gala de lisonjas en distintos convites que sus altos cargos les proveían, dejándose ver continuamente acompañados y en vital algarabía, sin dejar lugar a la duda sobre su cercanía y amistad”, sostuvo.
El oficio presentado por Monter Guerrero advierte que esta situación de “amiguismo” entre el magistrado y los diputados justifica la solicitud de recusación, esto encuadrado en lo dispuesto en la fracción II del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual formula que un servidor público estará impedido de participar y resolver en su competencia respecto a una situación si este fuera “conviviente” de alguno de los “interesados”; a esta justificación, el documento expone la definición de “conviviente” como “cada una de las personas con quienes comúnmente se vive”.
Dentro del documento, la promovente Adriana Monter incluyó los links directos a las notas y publicaciones donde se pueden ver a los diputados y el magistrado Juan Paulo Almazán Cué con una cercanía personal que “los inhabilita para conocer, tramitar y resolver todo lo concerniente a la instauración del juicio político que nos ocupa, así como cualquier otro trámite legal relacionado con la persona del aludido magistrado”.
Sobre el caso específico del diputado priísta Martín Juárez Córdova, el documento menciona que este habría obstaculizado el interés de los denunciantes, pues estos, entre el 26 y 31 de agosto del 2020, intentaron enviar un paquete de escritos que debieron ser turnados a los 27 diputados de la legislatura, a los integrantes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación, además de a la bancada de Morena, sin embargo la documentación nunca fue entregada, motivo por el cual Adriana Monter valora que se actuó con “un marcado interés en beneficiar al señor Juan Paulo Almazán Cué, seguramente basado en algún tipo de componenda facciosa o de grupo que le representa algún tipo de interés, aún por encima de las leyes y de la Constitución Política del Estado; todo lo cual es otro motivo más para que este personaje [Martín Juárez Córdova] se declare inhibido y se excuse de conocer sobre del presente tema”.
Al final del documento la representante de los que suscriben el juicio político contra Juan Paulo Almazán reitera su interés para que se recuse a la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez de tratar el asunto en cuestión, al añadir que “si la aludida diputada no ha procedido a excusarse voluntariamente del conocimiento del presente asunto, SE ME TENGA POR RECUSÁNDOLA a través de este mismo escrito y para todos los efectos legales a que haya lugar”.
