Estela Ambriz Delgado
Los trabajadores de la empresa “Promotora y proyectos Proaljo”, Carlos Guerra Robles y Martín Isaú Arredondo Castillo, quienes fueron señalados por los habitantes de la comunidad San Marcos Carmona, en Mexquitic de Carmona, de acoso y hostigamiento para que accedieran a la venta de sus predios, negaron las acusaciones e invitaron a hacer las denuncias correspondientes, pues ellos harán lo propio.
Entre algunos de los señalamientos que se les hicieron el pasado 28 de junio durante el “Diálogo por el agua y el territorio, en defensa de San Marcos y el Río Calabacillas” en el Colegio de San Luis (Colsan), estaba la complicidad con autoridades locales, estatales y federales, y en el caso del Ayuntamiento de Mexquitic los comuneros dijeron haberse percatado de que los trabajadores de la empresa también colaboraban ahí.
Al respecto, el abogado Martín Isaú Arredondo Castillo dijo que para saber si él o su compañero tuvieron alguna relación en el ámbito jurídico con el municipio, por transparencia se puede informar si hubo algún contrato de servicios profesionales, y nunca lo hubo.
“No está de más señalar que obviamente sí tenemos una relación con el municipio, debemos de tenerla porque finalmente el municipio es el responsable de otorgarte los permisos, licencias de construcción o autorización para cualquier tipo de trámite que quieras llevar de carácter administrativo tiene que ser directamente con municipio”.
De la complicidad con diversas autoridades, Carlos Guerra Robles consideró que la corrupción no puede llegar a los tres niveles de gobierno, ya que a pesar de ser una empresa inmobiliaria con ganancias millonarias, en este caso por casas de hasta 3 millones de pesos, no es posible tener el poder de corromper a autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona.
“Ellos dicen que porque la corrupción, no, imagínate corromper a la Profepa que es federal, CEA que es estatal, Segam que es estatal y el municipio. Imagínate el poder que debe tener una persona para manejar las tres instancias de Gobierno, es mentira”.
En cuanto a las amenazas, hostigamiento e intentos de soborno, ambos negaron las acusaciones, y Arredondo Castillo consideró que si hubiera existido cualquier tipo de hostigamiento, están las instancias para que los afectados presenten una denuncia por cualquiera de los delitos que le imputan, y dijo que él hará lo propio contra quienes lo acusan.
Del soborno de 150 mil pesos al que el comunero José Luis Montes hizo referencia, el abogado de la empresa dijo que esa cantidad era muy poca como para llevarla en un maletín, y que si fuera cierto el señor Montes tendría evidencia de ello, ya que en su domicilio cuenta con cámaras de video vigilancia.
“Para empezar 150 mil pesos, a menos que fueran de 20 pesos, los llevaría en un maletín, 150 mil pesos me caben en la bolsa del pantalón… que me digan que yo llegué con un maletín a ofrecer en el domicilio del señor José Luis Montes que tiene cámaras de video vigilancia y no presentan pruebas de ello, son señalamientos sin fundamento”.
En lo concerniente a la contaminación del Río Calabacillas por la que el Juez Tercero de Distrito del Noveno Circuito Judicial, José de Jesús Rosales Silva, concedió la suspensión definitiva a favor de la comunidad, que obliga a que las autoridades del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, la CEA y a la Segam, a que garanticen su integridad, se suspendan las descargas de aguas residuales y las obras que afecten su cauce natural, aseguraron que la descarga de desechos no proviene de sus fraccionamientos ni de la construcción de un puente en las inmediaciones del río.
Carlos Guerra Robles, quien se encarga de la parte técnica de los desarrollos, negó que haya alguna descarga hacia el río, y que para la zona de Forja Real construyeron un colector sanitario. Mientras que para el fraccionamiento Loma Real se trabaja en el proyecto de una planta de tratamiento, para la cual ya comenzaron a tramitar los permisos ante la Segam.
“Tenemos un colector para toda la zona de Forja Real que construimos nosotros, llega y desfoga en un punto de conexión, no tenemos ninguna descarga hacia el río, este fraccionamiento que se llama Loma Real lleva una planta de tratamiento que se va a construir en esta parte, ahorita está en proceso de elaboración el proyecto y estamos tramitando los permisos ante la Segam (…) esa agua tratada servirá perfectamente para riego o se puede desechar en el río, que no es el caso”.
Sin embargo, atribuyen la contaminación del afluente a los desechos de la planta de tratamiento de San Marcos que se encuentra bajo la administración de un comité local de agua y drenaje, construida con recursos de Conagua y CEA. Además de que no existe ningún permiso para usar o modificar el río, ni hay algún acuerdo con CEA.
Finalmente, indicaron que con la construcción del puente que comunica ambos fraccionamientos no afecta ni modifica el cauce de este río que nace en la Sierra de San Miguelito y se encuentra en el área de influencia del Área Natural Protegida.
