Por Victoriano Martínez
Hace cuatro años, la elección de Giovanna Argüelles Moreno, por pertenecer a un grupo considerado vulnerable, abrió la esperanza de una Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con mayor sensibilidad a favor de las víctimas; hoy que ha sido reelecta representa una certeza: perdieron las víctimas.
Hace cuatro años, la incorporación al Consejo de la CEDH de activistas como Edith Pérez Rodríguez y Catalina Torres Cuevas, genuinas defensoras de derechos humanos desde las organizaciones Voz y Dignidad por los Nuestros y la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, respectivamente, fortaleció aquella esperanza de una Comisión sensible.
Las renuncias de Pérez Rodríguez y Torres Cuevas en junio de 2023 fueron uno de muchos indicadores del mal desempeño de Argüelles Moreno, cuyo eco llegó hasta las protestas que en la sesión de este jueves en la que los diputados ignoraron a las víctimas no sólo para reelegirla, sino para nombrarle un Consejo a modo.
El posicionamiento del grupo parlamentario de Morena, a través del diputado José Roberto García Castillo, su coordinador, a favor de un perfil proveniente de la lucha social no fue más que un desplante para aparentar independencia sin mayor efecto en el resultado, ya que no se mantuvo a la hora de votar por los integrantes del Consejo.
¿Qué posibilidades hay de que un promedio de 23.5 personas de 26 que votaron coincidan en seleccionar con precisión a 10 de entre 28 opciones? ¿Qué posibilidades hay de que a esa gran coincidencia se sume el 58.33 por ciento de los votos de quienes no compartían con el resto de sus compañeros el voto para reelegir a Agüelles Moreno?
El hecho de que en una primera ronda mediante mayoría abrumadora se haya logrado la integración del Consejo de la CEDH exhibe una selección pactada previamente y la intervención de un ente coordinador de tal coincidencia que se suele ubicar desde el Palacio de Gobierno. La tradicional sumisión del Legislativo al Ejecutivo.
Los seis diputados de Morena votaron en contra de la reelección de Argüelles Moreno, pero en promedio prácticamente en seis de cada diez votos apoyaron integrar un Consejo de la CEDH no sólo a modo de la presidenta reelecta, sino también con elementos que muestran que también se atendió el interés del Ejecutivo.
Los tres consejeros salientes (Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, Carlos Alejandro Hernández Rivera y Claudia Espinosa Almaguer) que representaban un contrapeso al interior de la CEDH y que figuraron como aspirantes a volver a ser considerados fueron eliminados prácticamente sin votos.
Emmanuel Adrián Gutiérrez de la Fuente, el otro consejero que buscó la reelección y quien siempre se mostró como incondicional de Argüelles Moreno, la logró incluso con tres de los seis votos de los morenistas.
Alfonso Juventino Nava Díaz, rector de la Universidad de Matehuala, quien tiene una buena relación con Argüelles Moreno al grado de mantener un convenio con la CEDH para impartir una especialidad en derechos en su plantel educativo, fue electo consejero con cuatro de los seis votos de los morenistas.
Diana Edith Ortiz Pérez, egresada de la especialidad en Derechos Humanos de la Universidad de Matehuala y a quien se le atribuye el trabajo previo para levantar la alerta de violencia de género en los municipios de Tamazunchale, Tamuín y Matehuala, también fue electa consejera con cuatro de los seis votos de los morenistas.
En cambio, los diputados perdieron la oportunidad de lograr un Consejo más incluyente como el de hace cuatro años que incorporó a activistas defensores de derechos humanos.
En la elección de la presidencia de la CEDH, los diputados de Morena jugaron a proyectarse independientes. En la elección del Consejo de la CEDH en su mayoría de alinearon. El resultado: una Comisión Estatal de Derechos Humanos sin ningún elemento que, de momento, pudiera prever que las víctimas contarán con una voz a su favor en su interior.
Si con las pocas voces disidentes que la CEDH que concluye resultaba muy conveniente para los intereses del gobierno del Estado y demás autoridades al no proteger adecuadamente a las víctimas, la que entrará en funciones el próximo martes le garantiza al gobernador Ricardo Gallardo Cardona no tener sobresaltos por reclamos por violaciones a derechos humanos.
No podía resultar de otra manera ante la probada sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, incluida la bancada de Morena, de la que su mayoría avaló la integración del Consejo ciudadano de la CEDH, sin dar señales reales de que buscarán que se convirtiera en un contrapeso al interior del organismo.
