Por Victoriano Martínez
Hay tres indicadores que resultan los más relevantes para determinar el grado de convicción de los servidores públicos para actuar con transparencia: la forma en que cumplen la difusión de oficio de información pública; el grado de apertura en sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y la forma en que facilitan el acceso a quienes presentan solicitudes de información.
Si se trata de la difusión de oficio de la información pública, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) exhibe tal negligencia en verificar que ese indicador que la información que difunde sobre su cumplimiento tiene como base los reportes que genera de manera automática la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), y con retraso.
En el sitio Web de la CEGAIP aparece un apartado con el encabezado “Evaluación de Cantidad, Tiempos y Calidad de la Información”, con tres apartados: “¿Publica la información?”, “¿La publica en tiempo?”, y “¿La publica bien?”. No obstante, sólo se trata de la apariencia de un trabajo de verificación.
En el apartado “¿Publica la información?” se puede consultar por cada ente obligado una tabla de verificación que la PET genera en automático y se limita a palomear cada una de las obligaciones a las que se incorporó algún archivo Excel presuntamente con la información pública que están obligados a publicar. Cero esfuerzo por parte del personal de la CEGAIP.
En el apartado “¿La publica en tiempo?”, aunque presenta el mismo esquema para acceder al reporte de cada uno de los entes obligados, el resultado en cada uno de los casos es una página que lo identifica, pero en la que no se presenta ninguna información relacionada.
La PET registra el momento preciso en que se sube la información y podría generar de manera automática esa información. Quizá les represente mucho esfuerzo hacer esa programación.
En el apartado “¿La publica bien?”, que implica una valoración cualitativa sobre los contenidos de los archivos palomeados en el apartado “¿Publica la información?” aparece un mapa en el que presuntamente se puede consultar, con la ubicación de cada ente obligado, el último resultado de las verificaciones de cumplimiento.
Sobre la ubicación de cada ente obligado aparece una “chinchilla” que debiera ser de tres colores: verde para quien tiene un cumplimiento superior al 90 por ciento, rojo para quien cumple menos del 90 por ciento, y azul para aquellos casos sin resultado, es decir, no verificados.
La totalidad de los puntos aparece en azul, es decir, ni siquiera hay registro de cuándo se realizó la última verificación.
Lo que con más frecuencia se encuentran los usuarios de la PET al abrir los archivos palomeados en automático por la CEGAIP son tablas de Excel en las que se reporte que “no se generó” la información relacionada con la obligación que se pretende conocer cumplida.
Un primer indicador que lo único que demuestra es la gran irresponsabilidad de la CEGAIP para garantizar el derecho de acceso a la información pública por esa vía, lo que se traduce en una inmensa Plataforma Estatal de Transparencia convertida en territorio de opacidad por simulación.
En el segundo indicador, las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, lo que más han acreditado los funcionarios electos el pasado 6 de junio es su perfil de opacidad, que comparten los comisionados de la CEGAIP con la más burda de las simulaciones al haber publicado los documentos completamente testados, y hoy ya no disponibles por haber sido removidos.
Obligados por la Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción (PDE), han presentado en ésta la versión de las declaraciones conforme a los formatos del SEA, con tal tino que los ingresos que reportan en sus declaraciones patrimoniales no coinciden con los que aparecen en la PET.
David Menchaca, presidente de la CEGAIP, aparece en la PET con un ingreso bruto de 190 mil 248.05 pesos mensuales y neto por 138 mil 840.36 pesos. En su declaración patrimonial en la PDE reporta ingresos mensuales por 96 mil 205 pesos.
La comisionada Mariajose González Zarzosa aparece en la PET con un ingreso bruto de 187 mil 522.45 pesos mensuales y neto de 137 mil 289 pesos. En su declaración patrimonial en la PDE reporta ingresos por 73 mil 350 pesos.
El comisionado José Alfredo Solís Ramírez aparece en la PET con un ingreso bruto de 141 mil 949.85 pesos mensuales y neto de 106 mil 299.60 pesos. En su declaración patrimonial en la PDE reporta ingresos por 24 mil 43 pesos.
En declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, ni el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ni el alcalde Enrique Galindo Ceballos han publicado sus documentos.
El segundo indicador muestra el arraigado perfil de opacidad de los servidores públicos, con los responsables de garantizar la transparencia en primera fila.
En el tercero de los indicadores no se podía esperar mucho: ni los diputados del Congreso del Estado ni los comisionados de la CEGAIP no han sido capaces de mostrar la más mínima convicción de transparencia con la verificación para que se homologue el costo del acceso a documentos públicos, ni siquiera como atención a las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia ha dado al respecto.
Si hasta ahora se ha tenido una tendencia en la que el grado de opacidad, a poco más de dos meses de cumplirse 19 años de la primera ley de transparencia en el Estado, es creciente, este sexenio arranca –con todos los electos– ya no con una tendencia, sino con una ruta alarmantemente trazada hacia un completo oscurantismo en la administración pública… con la CEGAIP por delante.
