Por Victoriano Martínez
Si nos atenemos a la experiencia de Noe Lara Henríquez, oficial Mayor de Gobierno del Estado, para transparentar la información sobre contratos y facturas de compras a su cargo, ya no falta mucho para que haga pública la información sobre la compra de patrullas: el contrato y las facturas de la fantasmal compra a Sandra Sánchez Ruiz los entregó 83 días después el último pago a la proveedora.
No le importó hacer quedar mal al entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez, quien el 31 de marzo de 2016 declaró públicamente que cualquiera podría obtener copias de esa información en las áreas responsables del Ayuntamiento, lo que incluía la oficialía mayor municipal entonces a cargo de Lara Henríquez.
Tampoco tuvo empacho en, públicamente en el programa de radio Libertad de Opinión con Lupilllo González del 20 de abril de ese año, prometer a los reporteros de Astrolabio Diario Digital entregar copias de los documentos ese mismo día, para después hacerlos esperar hasta el último día del plazo legal para responder la solicitud de información con información dudosa.
En lugar de contratos, Lara Henríquez proporcionó textos en archivos de Word con el presunto contenido de los contratos, pero sin sellos ni las firmas de los funcionarios responsables y de la proveedora.
Las facturas que proporcionó para justificar compras de medicamentos entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 fueron elaboradas todas el mismo día: el 4 de mayo de 2016, 13 días después de que Astrolabio Diario Digital había presentado su solicitud de información. Documentos elaborados exprofeso para la respuesta y no comprobantes que debían existir desde mucho antes.
Detalle relevante es que las 30 facturas se elaboraron entre las 13:05:29 y las 13:23:37 horas, lo que representa que se emitieron a un ritmo de una factura cada 24.72 segundos si se consideran los 14 folios que aparentemente no correspondieron a comprobantes para el Ayuntamiento.
Un precedente sobre la idea que Lara Henríquez tiene sobre la transparencia que parece replicarse y, si desde hace 57 días el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que se publicarían el contrato y las facturas sobre la compra de 120 patrullas, faltan 23 días para completar los que le tomó simular la entrega de contratos y facturas sobre el caso Sandra Sánchez Ruiz.
Si ahora ofrece publicar los contratos y facturas de la compra de patrullas para fin de mes, sin duda es porque se tomará el mismo plazo para cumplir con su obligación, si se toma como punto de arranque el 16 de mayo, cuando Gallardo Cardona puso en marcha la Guardia Civil Estatal con las nuevas patrullas y prometió transparentar la información en una semana.
No obstante, si se considera que desde el 22 de abril el mandatario ofreció que la Oficialía Mayor transparentaría la adquisición, Lara Henríquez estaría por sobrepasar aquel plazo, pues hoy correría el día 81.
“Como se están haciendo de una por una [las facturas], estamos esperando que se haga la entrega formal, supongo que ya lleva muy buen avance”, dijo este lunes Lara Henríquez sobre las facturas de las 120 patrullas.
El 4 de mayo de 2016 elaboraron las facturas de las compras fantasmas de medicinas a un ritmo de una cada 24.72 segundos. Es decir, los comprobantes fiscales de las 120 patrullas tendrían que estar listos en 49 minutos con 26.4 segundos. Habrá que poner atención al folio, a la fecha y a la hora de cada una de las facturas para ver si se impone un nuevo récord de rapidez en la emisión.
La transparencia nunca es para después, se da conforme se desarrollan los actos de gobierno o se vuelve sospechosa.
El proceso de licitación para la compra de las patrullas, los pagos emitidos, la recepción y todo el papeleo que esto implica debieron ser públicos en los primeros diez días del mes siguiente a aquel en el que se realizaron, es decir, a más tardar el 10 de junio si se toma en cuenta que su presentación pública se dio el 16 de mayo.
Retrasar su publicación hasta fines de julio, como ofrece Lara Henríquez, es una violación flagrante y pública a la Ley de Transparencia que exhibe una vez más la vergonzante inutilidad de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) como vigilante del cumplimiento de las obligaciones de difusión de oficio de la información pública.
La experiencia de Lara Henríquez de hace seis años abre la posibilidad de que se difunda un contrato y unas facturas elaboradas exprofeso para ajustarse a la versión expresada en diversas ocasiones por Gallardo Cardona sobre un presunto ahorro que, por su falta de oportunidad, lo ponen desde ya bajo sospecha.
