Jaime Nava
Con la inminente desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el imitador de Andrés Manuel López Obrador y su verde séquito de cumple caprichos ya se preparan para hacer lo mismo con la indefendible Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (Cegaip).
Si los comisionados actualmente en funciones o sus antecesores se hubieran preocupado menos por agradar a los gobernantes en turno y más por cumplir con sus funciones, quizás en estos momentos, al menos en San Luis Potosí, habría una considerable oposición ciudadana a su desaparición.
En cambio, a nadie parece importarle lo que suceda con este organismo aún y cuando resulta altamente preocupante que sus funciones sean asumidas por alguna dependencia del Gobierno del Estado, lo que significaría llevar a San Luis a un mayor nivel de opacidad y entregar una nueva herramienta para que, con el pretexto de la transparencia, los municipios no alineados con el imitador y su séquito sean presionados y -ahora sí- sancionados por cualquier omisión, lo cual sería correcto; el problema es que de antemano sabemos que serían los únicos.
Si la Cegaip no sirve y la transparencia en manos del Estado supone una mayor opacidad, ¿qué hacer?
No tengo el dato preciso; pero, me parece que el mayor número de solicitudes de información se realiza para conocer cómo y en qué se gastan los gobiernos, municipios y demás organismos los recursos públicos. El problema es que, aunque por ley están obligados a revelar esa información cada mes, en la práctica la transparencia está sujeta a la voluntad del mandamás en turno.
Lo que se requiere es eliminar el factor de voluntad y aprovechar las nuevas tecnologías para automatizar la transparencia hasta llegar al punto de conocer el destino de los recursos públicos en tiempo real. Esto sería posible si se aprovecha la Plataforma Nacional de Transparencia, que ya existe, y, ésta a su vez se conecta por medio del Servicio de Administración Tributaria y los bancos, de manera que, cada vez que un proveedor o contratista expida una factura y se pague con recursos públicos, toda la información se publique inmediatamente en la PNT.
Adicionalmente, se debería fortalecer la PNT para que desde ahí sea posible consultar un padrón nacional de proveedores que permita conocer a qué empresas o personas físicas están contratando los gobiernos e instituciones, los bienes o servicios que están adquiriendo de ellas y los montos totales de recursos recibidos a fin de que, sociedad y gobierno, puedan detectar con mayor facilidad si existen proveedores favorecidos, todólogos y fantasmas.
Así, una vez que se automatice la transparencia, que un organismo adicional se encargue de tramitar las solicitudes de información, los recursos en contra de las respuestas, la verificación de los proveedores y la investigación de todas las irregularidades relacionadas con la asignación de recursos públicos.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
