Por: Victoriano Martínez.
Con la llegada de la administración que encabeza Ricardo Gallardo Juárez, obtener información pública municipal se ha convertido en una carrera de obstáculos que exige una perseverancia extra para ejercer el derecho de acceso a la información… además de una capacidad presupuestal 25 veces superior a las administraciones pasadas.
Entre la presentación de la solicitud de información y obtener finalmente un documento, la administración gallardista ha establecido un trayecto de trámites que atenta contra los principios constitucionales que rigen la transparencia: lejos de volver más sencillo el procedimiento, lo han complicado al grado de colocar una complicación sobre otra.
El trámite de la solicitud de información a la que la Unidad de Información Pública (UIP) del Ayuntamiento asignó el folio E-008/16 constituye un ejemplo de las dificultades por las que se hace pasar a un solicitante de información, aunque hay casos aun con mayor complicación.
En la mencionada solicitud, el 14 de enero, el peticionario requirió información de la Dirección de Desarrollo Turístico y proporcionó en el documento que presentó dirección de correo electrónico para facilitar a la autoridad la notificación sin que su notificador tuviera que desplazarse.
Para el 22 de enero, la UIP municipal notificó vía correo electrónico, que la información se encontraba disponible, por sólo diez días hábiles, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Turístico para ser consultada por el solicitante.
En caso de requerir copias de las dos páginas puestas a su disposición, tendría que pagar el costo de las mismas, fijado en la Ley de Ingresos en una tarifa de 0.5 salarios mínimos por hoja, es decir, 36.52 pesos por copia, 25 veces más cara que en administraciones municipales anteriores y 50 veces más cara que en la Administración Pública Estatal.
Cuando el solicitante acudió a las oficinas a las que lo remitieron, se encontró con la sorpresa de que en atención al público desconocían el asunto. La información no estaba disponible así nomás. Tras una indagación interna, la empleada municipal encontró a la única persona que sabía del trámite, pero se encontraba en una reunión y no podía ser interrumpida.
Con amabilidad, pero con una complicación más para el trámite que por ley debe ser simple, las empleadas pidieron al solicitante dejar sus datos para comunicarse con él cuando los documentos estuvieran efectivamente disponibles para que los consultara. Dejó sus datos, pero la llamada nunca llegó.
Al volver a acudir a la consulta, el solicitante debió pasar por el mismo procedimiento de que localizaran a la persona que conocía del asunto para encontrarse con una nueva sorpresa: quien tenía el caso salió de vacaciones. “Si nos espera, o quiere darse una vuelta más tarde, localizamos a ver quién se quedó con su trámite”, le ofrecieron.
Al regresar más tarde a la oficina, finalmente lo dejan consultas las dos páginas con la información que pretendía: un listado de 23 empresas. El solicitante al verse ante información pública consideró posible fotografiar los documentos. “Tenemos instrucciones de la UIP de que no le tome fotos, si quiere copias las tiene que pagar”, le impidieron la maniobra. La información pública cuesta, pues.
Resignado, el solicitante acudió a la Unidad Administrativa Municipal una vez más para realizar el pago. No obstante, al pasar a que le hicieran el recibo, la responsable emitió un cobro por 10 pesos solamente: 3 pesos por las copias y 7 pesos por el recibo.
El solicitante hizo notar que si hacía el pago por esa cantidad no estaría cubriendo lo que le marcaron como cuota en la respuesta de la UIP. “Así me lo da el sistema, mejor vaya con ellos para que le aclaren, o que vengan”, dijo la empleada.
El solicitante acudió a la UIP y fue acompañado por una empleada a Ingresos. Tras una espera y un intercambio de información entre ellas, encontraron la opción para cobrar a 36.02 pesos la copia simple y se emitió el recibo. El solicitante pasó a caja y pagó. De ahí tuvo que acudir nuevamente a la UIP para presentar el recibo.
Pero aún no obtuvo las copias que acababa de pagar. La instrucción siguiente por parte de la UIP fue una explicación de que ahora sí pedirían las copias a la Dirección de Desarrollo Turístico que, como está en Palacio Municipal del centro, “tardarán en enviarlas y mejor le avisamos cuando ya pueda pasar por ellas”.
Finalmente llegó el día. El solicitante acudió a la cita para recoger las dos copias fotostáticas por las que pagó 80 pesos (73 por las copias y 7 por el recibo), pero cometió un error imperdonable: acudió sin cargar su credencial de elector o cualquier otra identificación oficial.
Jessica Erika Ludivina Acosta Correa, encargada de despacho de la UIP, fue inflexible. Sin credencial no hay entrega de la documentación porque no existe modo de constatar con la credencial que el solicitante es quien dice ser.
No importa si todos en la oficina lo conocen por ser “cliente frecuente” ni que en sus archivos existan innumerables documentos con los datos de su credencial o hasta copias de la misma, para el solicitante, todas las dificultades.
Unos días después, el solicitante pudo regresar con credencial en mano. El notificador ya lo esperaba con la notificación elaborada desde el día en que el peticionario fue desconocido y en un par de minutos, las dos páginas de 80 pesos estaban en posesión de quien las requirió.
Un procedimiento que tardó 39 días naturales entre la petición y el acceso a la información, pero que presenta menores dificultades que otros. Peor aún, en las solicitudes que se activan vía Infomex se aplica el mismo procedimiento, como si cualquier que utiliza ese sistema electrónico desde cualquier parte del mundo tuviera la posibilidad de desplazarse a recorrer las oficinas municipales para acceder a la información pública.
Todo un atentado contra el derecho de acceso a la información pública gracias a la inexistente Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, pues ante tales inhibidores del DAIP se mantiene en silencio.
