Por Victoriano Martínez
Una de las mejores características del derecho de acceso a la información pública entendido como transparencia gubernamental es que deja expuesto de tal manera el ocultamiento de datos y los intentos de simulación resultan tan obvios que proclamarse transparentes al 100 por ciento se convierte en un verdadero acto de cinismo.
Desde principios de siglo se consideró que la transparencia gubernamental era colocar en una vitrina pública la actuación de los servidores públicos, de manera que a cualquier persona le bastaría con asomarse para poder evaluar la responsabilidad con la que los funcionarios asumen sus obligaciones, incluido el destino que le dan a los recursos públicos.
Hoy, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) representa esa vitrina, con réplicas estatales que amplían su alcance como ocurre aquí, con la Plataforma Estatal (PET) administrada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Una vitrina establecida más por obligación legal que por convicción de los organismos garantes de la transparencia, que no la utilizan como instrumento para promover que efectivamente la población pueda conocer la información pública gubernamental que debe ser difundida de oficio, y para exigir verdaderas respuestas a las solicitudes de información.
Así, lo primero que queda expuesto en esa vitrina es el poco compromiso de quienes integran los organismos garantes del derecho de acceso a la información pública, cuya omisión deja a la vista el paraíso de opacidad en el que los sujetos obligados violan la ley al incumplir sus obligaciones de transparencia y regatear la información pública a quien la solicita.
Una omisión que abre paso a la primera maniobra de opacidad –de la que se vuelven cómplices–al permitir que se aparente el cumplimiento de las obligaciones de transparencia simplemente con subir a la PNT y a la PET formatos en archivos Excel, aunque no contengan la información correspondiente.
Le llaman cumplimiento cuantitativo y la inmensa mayoría de los sujetos obligados aparece que cumplen al 100 por ciento. Un engaño que le permite, por ejemplo, al gobierno del Estado asegurar que se encuentran al cien por ciento de cumplimiento en transparencia, y a la CEGAIP presumir que hay miles (¿millones?) de documentos en la PET.
¿De qué sirven tantos documentos si en su mayoría son auténticos archivos basura por carecer de contenido? A la luz del derecho de acceso a la información pública son una burla, pero como elemento para valorar el desempeño de los servidores públicos exhibe su alto grado de vocación de opacidad y de cinismo de quienes además se proclaman muy transparentes.
Un engaño en el que la cómplice contribución de la CEGAIP consiste en dejarlos hacer y dejar pasar esos actos de simulación sin una auténtica verificación cualitativa de los documentos publicados. La Plataforma Estatal de Transparencia, como recurso informático, hace posible esa revisión… y hace visible la falta de voluntad de los comisionados.
Para el caso de las solicitudes de información, que los sujetos obligados suelen presumir una atención total, el apartado de datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia permite conocer los otros datos… y los informes que por ley debe recibir mensualmente la CEGAIP de las Unidades de Transparencia también.
Ante el alarde del gobierno estatal de asegurar que cumplen al 100 por ciento en transparencia, además de los datos que muestra Fernanda Durán en su nota, vale rescatar los resultados que arroja la PNT.
De las 20 mil 749 solicitudes de información que recibieron los 84 sujetos obligados del Poder Ejecutivo a partir del 26 de septiembre de 2021, en el 21.42 por ciento de los casos el solicitante no recibió la información, sin contar los casos de respuestas que afirman entregar la información sin ser cierto, que son muchas, y no porque se tratara de datos que contarán con alguna causal de reserva.
Sólo en 51 casos se argumentó la reserva de la información. En 2 mil 437 solicitudes de información se declaró incompetencia. En mil 956 casos el solicitante de información simplemente no obtuvo respuesta, es decir, prácticamente una de cada diez solicitudes (9.43 por ciento) se quedan sin respuestas sin justificación alguna.
Un Poder Ejecutivo que deja a más de la quinta parte de los solicitantes de información sin posibilidades de acceder a los documentos o datos que requiere y que cumple sus obligaciones de transparencia con archivos basura, difícilmente puede presumir ser 100 por ciento transparente sin exhibir su cinismo.
La transparencia gubernamental no se presume, se asume.
