Por: Victoriano Martínez.
En cuestión de transparencia, la moda hoy es hablar de la declaración 3de3, al grado que el gobernador Juan Manuel Carreras López firmó un acuerdo administrativo para que todos sus funcionarios presenten los tres documentos… aunque sea para guardarlos en el cajón menos accesible.
La diputada cetemista Esther Angélica Martínez Cárdenas está de acuerdo con el gobernador, aunque en sólo dos de las tres declaraciones (patrimonial y de intereses, omite la fiscal) , y este jueves expondrá en el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para que el resto de la administración pública presente sus declaraciones patrimonial y de intereses.
“Pido ante este Honorable Congreso emita un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a los servidores públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial durante el mes de mayo de este año, pero que no estén ubicados dentro del Acuerdo Administrativo promulgado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a presentar en paralelo a la citada obligación, su Declaración de Conflicto de Interés”, señala en su propuesta.
La diputada cetemista hace referencia a que en diciembre pasado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios a fin de incorporar como obligación la presentación de la declaración de intereses.
“Para el caso de la declaración de conflicto de interés, deberán manifestarse los familiares hasta el cuarto grado que puedan beneficiarse por motivo de su encargo conforme a los plazos y características definidas en la fracción XV del artículo 56 de esta Ley”, señala su iniciativa del 3 de diciembre en el artículo 106.
En el punto de acuerdo que ahora promueve, Martínez Cárdenas propone enviar oficios a la Auditoría Superior del Estado para que emita un formato para la declaración de intereses, y a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos autónomos y presidentes municipales para que este mes, junto con su declaración patrimonial, presenten la de conflicto de interés.
Si la cetemista reduce el tema a 2de3, la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, en cuestión de hacer públicos esos documentos, la limita aún más: a -1de3, a pesar de la recomendación pública que el pasado 21 de marzo les hizo Miguel Carbonell en la conferencia magistral a la que lo invitó el propio Poder Legislativo.
El jurista, contratado por el propio Congreso del Estado, les recomendó durante su intervención pública, que aprovecharan la armonización de la ley de transparencia para incorporar la difusión de las declaraciones 3de3. La recomendación no mereció ningún comentario, y ahora el contenido del dictamen para la nueva Ley es indicador claro de que se le ignoró por completo.
En los artículos 84 y 86 del dictamen para la nueva Ley sólo se menciona la declaración patrimonial, pero como un documento que sólo podrá hacerse público si el titular del mismo autoriza que así ocurra.
En el artículo 84, que señala lo que deben difundir de oficio todos los sujetos obligados, en la fracción XVII, lo dice así: “La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo autoricen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable”.
Para el caso específico de los propios diputados –como que requirieran reforzar su protección para que no se conozca su información–, en el artículo 86, que establece obligaciones de difusión de oficio específicas del Poder Legislativo, en la fracción XVIII la obligación la marcan así: “Las declaraciones de situación patrimonial de los diputados que así lo autoricen”.
En cuestión de transparencia, pues, lo único que no ha pasado de moda es la simulación: aparentar que se adoptan las demandas sociales a favor de mayor transparencia, como en este caso la iniciativa 3de3, sólo para generar más documentos secretos.
