Por Victoriano Martínez
Si algo han dejado claro los funcionarios estatales en el tema de derecho de acceso a la información pública (DAIP) es la torpeza con que tratan de simular ser transparentes y la evidente opacidad con la que se manejan. Sí, una de las bondades de la transparencia es que, como equipo, los servidores públicos opacos se exhiben solos.
“No los estamos escondiendo, pero son datos que de alguna manera los queremos proteger”, dijo el 13 de junio Isabel Leticia Vargas Tinajero, secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, sobre las facturas, contratos y empresas relacionadas con la rehabilitación de los parques Tangamanga I y II.
Un antecedente que explica la confabulación con los diputados que le armaron una comparecencia tan a modo que a los cuestionamientos espontáneos les respondía con la lectura de tarjetas preparadas con anticipación como si hubiera conocido el cuestionario con tiempo para responderlo.
“Este Gobierno no oculta nada, yo se los he dicho en otro momento, al contrario, se genera mucha información”, dijo José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, en entrevista el día de su comparecencia y agregó a veces supera “la capacidad para transparentarlo”. O sea, no se oculta, lo que pasa es que no se publica por incapacidad.
Este viernes, Noé Lara Henríquez, oficial mayor de gobierno del estado, dijo que desconoce porqué no se publicaron los documentos relacionados con licitaciones públicas e invitaciones restringidas del mes de septiembre de 2022 si “todo es transparente, las convocatorias se publican, las reuniones se llevan a cabo, las juntas de aclaraciones, la relación de las propuesta y finalmente el fallo, todo está de acuerdo a la ley”.
Una combinación de pretextos y explicaciones que no tienen relación con el DAIP, que exhibe el completo desconocimiento del derecho de acceso a la información pública y lo que representa la transparencia para la gestión gubernamental, que se traduce en una bastante torpe simulación que deja más clara que nada su vocación por la opacidad. Quien algo esconde abre sospechas.
Una simulación con el más inverosímil cómplice: el órgano que debe garantizar que se cumpla con ese derecho que tiene la población en general, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
Una complicidad que no sólo está en que no reacciona ante los aberrantes casos de opacidad que se hacen públicos, sino que incumple con sus obligaciones de verificaciones cuantitativa y cualitativa de la información que los sujetos obligados publican en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET).
La simulación no sólo está en los ridículos pretextos y explicaciones que dan ante la exhibición pública de las omisiones, sino también en la publicación de información incompleta dentro de la PET, en donde la propia CEGAIP ha reconocido que la inmensa mayoría de los documentos que se montan son basura.
Se les planteó ese problema de la PET en el acto de Conmemoración del 18 Aniversario de CEGAIP (minuto 1:37:34), que realizaron en la Unidad de Postgrado de la UASLP el pasado 25 de marzo y, aunque no se ven a cuadro, asintieron. El pasado martes, en reunión con Ciudadanos Observando lo volvieron a reconocer.
Si se revisa la relación de cheques publicados en septiembre por la Secretaría de Finanzas, es evidente que no es porque no tengan la capacidad para presentarlos, como afirma Torres Sánchez, sino que hay un ocultamiento selectivo y masivo de información.
El archivo Excel publicado presenta una lista de 2 mil 24 cheques de seis bancos diferentes por un monto de 2 mil 468 millones 112 mil 732.35 pesos. Si se revisa banco por banco la secuencia de los números de folio de los documentos reportados entre los primeros y los últimos, la lista tendría que incluir en realidad 16 mil 697, es decir, no se publican, en consecuencia, se ocultan 14 mil 673.
Si se traduce la proporción sobre el número de cheques a un porcentaje de opacidad en el destino del erario en el caso de la Secretaría de Finanzas, los datos de los documentos no publicados representan el 87.88 por ciento.
Si 2 mil 24 cheques dispersaron recursos por 2 mil 468 millones 112 mil 732.35 pesos, ¿de cuánto es el monto que se oculta de manera selectiva al no publicar los montos de los 14 mil 673? ¿Cuáles son los criterios para publicar unos sí y otros no cuando la ley ordena que se publiquen absolutamente todos los egresos?
Ni qué decir de los conceptos de los pagos, tan generales que sólo son un mecanismo más para ocultar el destino de los recursos: “órdenes de compra”, “gastos de operación”, “gastos varios”, “apoyos”, gastos por comprobar”, “órdenes de servicio”, “transferencias”, etcétera.
Por supuesto que es claro que hay datos que quieren ocultar (Vargas Tinajero), de ninguna manera se trata de incapacidad por volumen (Torres Sánchez) sino de una capacidad selectiva, y por supuesto que la combinación de esos dos argumentos los obliga a fingir que desconocen por qué ocurren esas cosas (Lara Henríquez).
Esa es otra de las bondades de la transparencia: simularla vuelve tan transparente y evidente la opacidad… y la nula voluntad de apegarse a la legalidad y trabajar de cara a la ciudadanía, con todo lo que eso implica.
