Por Victoriano Martínez
Cuando la vocación por la opacidad convierte los intentos por aparentar transparencia en pequeños resquicios que dan una idea sobre la forma en que un gobierno maneja sus adquisiciones, por poca que sea la información que hagan pública comienza a abrir más espacios de sospecha que de confianza sobre el manejo del erario.
La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado concentra los procedimientos de adquisiciones, lo que a la vez la ha convertido en la dependencia que opera la opacidad del actual sexenio. Poco ha servido que públicamente el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ordene que entregue contratos e incluso diga que “tiene que entregar ahorita”, la dependencia evita hacerlo.
¿Cuántos procesos de adquisiciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal habrán pasado por la Oficialía Mayor en los primeros nueve meses del año?
Si el Padrón de sujetos obligados del Poder Ejecutivo para el ejercicio 2022 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) contabiliza 110 dependencias, los procedimientos deben contabilizarse por centenas.
Sin embargo, en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) –Artículo 84, fracción XXXIV de la Ley de Transparencia– sólo ha publicado 61 procedimientos. Ni siquiera uno por dependencia.
Lo primero que revela la transparencia de apariencia es lo burdo que resulta el ocultamiento de información y la confabulación con la CEGAIP como órgano garante del derecho de acceso a la información pública, a menos que sean tan incapaces como para no percatarse de la simulación con que violan la Ley.
Los reportes que la Oficialía Mayor publicó en la PET señalan que en enero y febrero no se generó información, en marzo reporta 7 adquisiciones, en abril 3, en mayo 2, en junio 3, en julio no generó, en agosto 11 y en septiembre 35.
Del panorama de más de cien dependencias, en las adquisiciones reportadas aparecen como dependencias solicitantes 15 diferentes, entre las que se encuentra la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que podría considerarse violatorio de la Constitución por ser un órgano con autonomía, además de haber llevado a otro nivel aquello de que es autónoma pero no independiente.
La Oficialía Mayor del gobierno estatal le gestionó a la autónoma FGE seis adquisiciones por un acumulado de 6 millones 652 mil 205.93 pesos, para la compra de productos químicos, instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, materiales y suministro de laboratorio, cámaras fotográficas y un chaleco balístico.
La licitación con el monto más elevado que reporta la Oficialía Mayor corresponde a la compra de paquetes de material didáctico para la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) por un monto de 105 millones 520 mil pesos sin impuestos, 122 millones 403 mil 200 pesos con impuestos.
De los programas más promocionados por la administración estatal sólo es posible conocer parcialmente tres casos:
Los servicios de dispersión de recursos para los apoyos sociales promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional por un monto de 8 millones 870 mil pesos.
El servicio integral de dispersión para la operación del programa “1era. Etapa de transporte público urbano gratuito para jóvenes estudiantes universitarios”, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por un monto de 6 millones 956 mil 324.12 pesos.
La adquisición de placas vehiculares, tarjetas de circulación y tarjetas para licencias de conducir, por la Secretaría de Finanzas por 75 millones 980 mil 14.03 pesos en dos contratos.
Entre la información que revelan, se encuentra el costo del diseño y la impresión de Plan Estatal de Desarrollo. El primero en 441 mil 960 pesos, y el segundo en un millón 354 mil 880 pesos, un total de un millón 796 mil 840 pesos ya con impuestos.
También aparece el costo del informe de gobierno, aunque en este caso omiten la publicación de la convocatoria y el fallo de la licitación. Le impresión del informe, a cargo de Editorial Grafica Leirem, S.A. de C.V., tuvo un costo de 3 millones 165 mil 345.36 pesos.
¿Cuál será el criterio para determinar qué gastos sí se hacen públicos y cuáles no? ¿Qué hay detrás de las grandes adquisiciones sobre las que se oculta la información?
Y en el caso de la CEGAIP, ¿porqué se mantiene pasiva ante la obvia necesidad de que haga valer la Ley de Transparencia para que no se incumpla de esa manera y se deje de garantías el derecho de acceso a la información pública a los potosinos?
Que oculten la información abre un amplio margen a las sospechas que, según la experiencia de cada quien, se cuente con elemento para considerar la existencia de actos de corrupción; que los comisionados de la CEGAIP no exijan una auténtica transparencia los coloca en una posición de sospechosa confabulación…
… a menos que no estén preparados ni tengan vocación para ocupar el cargo que ostentan. O peor aún: que estén más preocupados y ocupados por encontrar los métodos para incrementar sus ingresos.
