Abelardo Medellín
El arranque del programa de transporte público gratuito para estudiantes que promovió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona desde su campaña, suministrará menos apoyos que los prometidos, gastará la mitad del subsidio en la contratación del sistema para dispersar los apoyos y solo dará cobertura a una parte de las y los estudiantes universitarios de San Luis Potosí.
De acuerdo con el contrato número DGA-CAASPE-co21-LPE-007-22 publicado por la Oficialía Mayor, se contrató a la empresa SE TRANSACCIONALES, S.A.P.I. DE C.V. para “suministrar el servicio integral de dispersión de recursos a través de tarjetas inteligentes con chip para la operación del programa 1era. etapa de transporte público urbano gratuito para jóvenes estudiantes universitarios a partir del 15 de abril de 2022 y hasta el 15 de diciembre de 2022”.
Según la información descrita en la primera clausula y el anexo técnico de este documento, la administración estatal pagará un total de 6 millones 956 mil 324.12 pesos a cambio de que la empresa contratada suministre tarjetas para transporte público a al menos 25 mil estudiantes universitarios en San Luis Potosí.
Además de las 25 mil tarjetas que deberá suministrar el prestador de servicio, se especificó que deberá también instalar mil 250 dispositivos validadores de las becas que serán adquiridos en arrendamiento.
La primera entrega de estas tarjetas debió realizarse entre el 15 y 20 de abril, de acuerdo con el cronograma que se incluye en el contrato, mismo que describe que se hará una entrega mensual durante casi todo el 2022, con excepción del mes de agosto.
Llama la atención sobre este contrato que la empresa SE TRANSACCIONALES S.A.P.I. DE C.V. fue la única en presentarse al proceso de licitación pública, según quedó registrado en el “acta de la junta de aclaraciones o modificaciones de la licitación pública estatal número dga-caaspe-lpe007-2022”.
Menos becas que al principio y más tarde que lo dicho
El transporte público gratuito para las y los estudiantes potosinos fue una de las promesas emblema de la campaña del actual gobernador Ricardo Gallardo.
Un mes después de haber asumido funciones, el 24 de octubre de 2021, el gobernador reveló que su administración destinaría 12 millones de pesos en 2021 para que, en el marco de los 100 días de gobierno, se pudieran suministrar las becas al transporte.
En la misma entrevista, Gallardo Cardona comentó que esos 12 millones solo serían para el 2021, y que para el 2022 se dispondrían de 28 millones de pesos de apoyo para el transporte.
Un día después de este anuncio, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que el beneficio de becas de transporte en 2021 sería específicamente para estudiantes de nivel superior.
En noviembre de 2021, Leonel Serrato Sánchez, titular de la SCT, comunicó que el apoyo al transporte durante ese año se repartiría a través de 24 mil tarjetas en una primera etapa que se ampliaría hasta 50 mil nuevos apoyos en un segundo momento.
Pese a que tanto el Gobierno como la SCT afirmaron que el programa comenzaría durante los primeros 100 días de la administración en 2021, si se toma en cuenta el cronograma del contrato por este servicio, en realidad se tardó 201 días (entre el 26 de septiembre de 2021 y el 15 de abril de 2022) en conseguir las primeras tarjetas de becas de transporte que hasta hoy aún no han dispersado.
Las becas que se contrataron este año son apenas la mitad de las que se habían anunciado para 2022.
Además del retraso en aplicar la primera fase del programa de transporte gratuito, cabe mencionar que las 25 mil tarjetas que se entregarán este 2022 solo tendrían el 15 por ciento de cobertura sobre el total de alumnos de educación superior en el estado.
Lo anterior, si se considera que, de acuerdo con el documento “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021”, en San Luis Potosí hay 132 mil 351 estudiantes de educación superior, a los cuales se suman los 29 mil 131 estudiantes del sistema no escolarizado.
Si el Gobierno cumpliera su compromiso de aumentar la cobertura del programa a 50 mil estudiantes en una segunda fase, en la cual se apoye a las y los alumnos de todos los niveles, las 50 mil tarjetas solo cubrirían al 4.8 por ciento de la población estudiantil potosina que asciende a un millón 20 mil 616 estudiantes.
Es remarcable que la contratación del servicio de dispersión de las tarjetas tuvo un costo de más de 6 millones de pesos, lo cual es la mitad del recurso que, según las autoridades, se destinaría para las becas al transporte.
El pasado 6 de abril, a través de un comunicado publicado por la SCT en su perfil de Facebook, la dependencia aseguró:
“Ya se encuentran listas las 100 mil tarjetas inteligentes para una primera etapa y el censo de estudiantes universitarios, para iniciar operaciones después de los días de asueto”.
Sin embargo, la cifra dada por el titular Leonel Serrato es tres veces mayor a la que se solicitó en el contrato a la empresa, por lo que se desconoce cómo conseguirán esas 75 mil tarjetas extras o cómo explicarán que la entrega será menor a la informado.
En el mismo comunicado se reveló que “para el arranque de este programa el titular del Ejecutivo autorizó más de 100 millones de pesos, presupuesto que se buscará duplicar en 2023 con el fin de ampliar la cobertura y garantizar que todas las y los estudiantes de instituciones públicas del Estado puedan acceder a este beneficio”.
Este monto serviría para que los estudiantes de escuelas públicas puedan acceder a 60 viajes mensuales, es decir, dos viajes al día.
A pesar de crecer el presupuesto para este programa es poco más de tres veces lo anunciado antes, no se ha explicado cómo este monto podría asegurar el transporte público de los más de 922 mil 177 alumnos y alumnas de educación pública que hay en San Luis Potosí actualmente.
